Granados cuestionará en el TS la validez de las escuchas del soplo de Púnica

Madrid, 4 dic (EFE).- El exconsejero madrileño Francisco Granados recurrirá ante el Supremo su primera condena por el caso Púnica -2 años de cárcel por aprovecharse del soplo que le alertó de la investigación-, alegando la nulidad de las escuchas al no figurar el delito de revelación de secretos en el auto que las autorizó.

El abogado de Granados, Javier Vasallo, que, de no darle la razón el alto tribunal, está dispuesto a llegar al Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo con este caso, invocará en su recurso jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto.

Fundamentalmente, la referida al caso Naseiro, que anuló las escuchas de las que se desprendía una presunta financiación ilegal del PP por haber sido autorizadas para investigar otro delito, o un caso similar ocurrido con el narcotraficante gallego Marcial Dorado, según han explicado a Efe fuentes de su defensa.

Además, el abogado expondrá las contradicciones del considerado socio de Granados en Púnica, el empresario arrepentido David Marjaliza, al igual que ha manifestado en un voto particular Nicolás Poveda, uno de los tres magistrados que le han condenado por estos hechos en la Audiencia Nacional.

Al igual que Poveda, la defensa de Granados pone en duda la verosimilitud de las declaraciones en el juicio de Marjaliza y de su secretaria Ana María Ramírez, ya que pueden estar dirigidas a incriminar a su cliente a cambio de la obtención de beneficios procesales aparentando una actitud colaboradora con la justicia.

Otro de los objetos del recurso se centrará en la contradicción que supone haber juzgado a Granados por este chivatazo y no haberlo hecho con Marjaliza, del que "ha quedado acreditado", según Poveda, que adoptó junto con el exconsejero madrileño "medidas que entorpecieron y perjudicaron de forma sustancial la instrucción de la causa".

Granados aportará además en su recurso las denuncias que ha interpuesto en los juzgados de instrucción de Madrid contra Marjaliza y seis agentes de la Guardia Civil vinculados con la UCO por no haberle abierto una investigación por un delito de narcotráfico que se desprende de esas intervenciones telefónicas y otro tipo de comunicaciones que obran en la causa.

Si cabía la apertura de una investigación por la del chivatazo, el abogado entiende que de igual modo debían haber abierto otra a Marjaliza por un delito contra la salud pública, por lo que ha denunciado a éste por ese delito y a seis agentes de la UCO por omisión del deber de perseguir delitos.