Ex consejero de Abengoa alega legalidad de la "contraprestación" por su renuncia

Madrid, 23 nov (EFE).- El abogado del ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega ha dicho hoy que los 4,5 millones de euros percibidos por su cliente tras su renuncia eran una "contraprestación por no competencia impuesta en defensa de la propia sociedad", que estaba "bien" en el momento de la marcha.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, que ha dejado el caso visto para sentencia, el letrado ha defendido que Sánchez Ortega "podía haberse ido cuando hubiera querido" y que cuando abandonó la firma sevillana, en el verano de 2015, "estaba en una situación de absoluta normalidad" que no hacía presagiar el preconcurso de acreedores solicitado en noviembre de ese año.

En este sentido, ha destacado que en aquel periodo "se había mejorado el fondo de maniobra y los representantes de los bancos recomendaban comprar acciones" de ABENGOA (ABG.MC) y ha negado que existiera "ni un solo euro de deuda fuera de balance" como muestra que con posterioridad al relevo en la presidencia y ya con los nuevos gestores, no se haya producido una reformulación de cuentas.

Sobre los 4,5 millones de euros por los que la Fiscalía pide cuatro años y tres meses de cárcel para Sánchez Ortega por presunta administración desleal, el letrado ha alegado que "no fue una indemnización ni gratificación sino una contraprestación, una obligación impuesta en interés de la compañía".

A esta ha señalado por ser "quien pidió que se introdujera esa cláusula" en el nuevo contrato mercantil suscrito en febrero de 2015, en cuya legalidad ha insistido ya que "incluía las mismas condiciones retributivas que en el anterior aunque no existía obligación para ello".

"Para que Sánchez Ortega recibiera esta contraprestación se necesitaron cuatro actos del Consejo de Administración y seis reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones", ha apuntado para después afirmar que "todos los órganos de la sociedad tenían conocimiento" de una cláusula adoptada "por norma general".

También ha rechazado las teorías de las acusaciones, que reprochan al ex consejero delegado haber permanecido en la compañía después de aprobarse su renuncia, y ha apuntado que "sólo se le ha pagado el mes de junio, en el que cumplió con las funciones de asesoramiento" a su sucesor, tras lo que inició su breve etapa laboral en la gestora de inversiones Blackrock.

Un cambio que no afectaba al cobro de la cláusula según el despacho encargado del asesoramiento externo de Abengoa, DLA Piper, que "informó de que estaba perfectamente pagada y de que incluso el hecho de que el señor Sánchez Ortega estuviera allí podía producir determinadas sinergias a favor de la compañía".

La defensa de la expresidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa Mercedes Gracia y de la exconsejera Alicia Velarde, que se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel, ha argumentado que ninguna de las dos "participó nunca en la gestión de la compañía", ya que su papel "se limitaba a asistir a los Consejos de Administración y a las reuniones del comité".

Al respecto, ha indicado que la Comisión no tenía potestad para "aprobar nada", sino que únicamente "elevó al Consejo" unos contratos, los de alta dirección, firmados por Sánchez Ortega y el entonces presidente, Felipe Benjumea -para quien el fiscal pide cinco años de cárcel-, que Abengoa "implantó de forma modélica, incluso antes de cambiar la ley".

En términos similares, el representante del exconsejero Antonio Fornieles, que ha subrayado que el cese de Benjumea fue "una condición previa de los bancos" aseguradores de la fallida ampliación de capital, tras lo que el juicio a la excúpula de la multinacional ha quedado visto para sentencia once sesiones después.