El número total de concursos ha descendido un 0,7 por ciento en tasa interanual en los tres primeros trimestres del año. Sin embargo, el número de procedimientos de insolvencia de personas físicas ha aumentado en el mismo periodo, un 13 por ciento. Así, aunque con menor intensidad, la tendencia sigue siendo bajista, lejos de 2016, cuya caída en tasa interanual fue del 20 por ciento. Esta evolución tan dispar puede deberse a que para obtener un acuerdo extrajudicial de pagos se precisa declara un concurso de personas físicas, según explica el Atlas Concursal elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (Refor) del Consejo General de Economistas (CGE).
El Colegio de Economistas de Alicante fue el anfitrión de la presentación del informe. El evento contó con la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del CGE, Valentín Pich.
En 2016, el 0,13 por ciento de las empresas españolas acudieron a un concurso de acreedores, una de cada 800, cuyo ranking lo encabezan la Comunidad Valenciana y País Vasco con un 0,18 por ciento en comparativa relativa, es decir, el número de concursos entre el número de empresas de esa comunidad. Al otro lado de la lista Andalucía y Extremadura son las regiones donde menos cierre de empresas se produjeron, en contraste con Cataluña y Madrid, donde más cantidad hubo.
El ministro de Justicia señaló que este atlas "aportará luz" a la reforma del sistema concursal español dentro del marco de la transformación integral de la Justicia, refiriéndose a la "necesidad de disponer de un Texto Refundido de Ley Concursal sin perder de vistas las iniciativas de la UE de establecer mecanismos de alerta ante la insolvencia". Por su parte, Valentín Pich hizo alusión a la Directiva Europea de insolvencias, aún en borrador, para "disminuir la actual cifra y aportar seguridad mercantil y estimular la creación de empresas".