El Gobierno argentino cree que la fiscal general debe renunciar para afrontar un proceso

Buenos Aires, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina manifestó hoy que la "mejor opción" para la fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, procesada este jueves por administración fraudulenta en contra del Estado, es que renuncie o que pida una licencia, por el bien de la Justicia.

"Por la situación que ella atraviesa, no debería poder llevar bien adelante su tarea, así que sería lógico que pida, al menos, licencia hasta que se resuelva su situación judicial", opinó el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano.

En declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires, el ministro sostuvo que el país necesita "un procurador que dé garantías a la sociedad y que pueda encarar la transformación del sistema penal para la lucha contra el delito que la sociedad reclama".

El juez Julián Ercolini procesó este jueves a Gils Carbó por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la compra irregular de un inmueble por parte del Ministerio Público en 2013.

En agosto pasado, Gils Carbó, que mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Mauricio Macri -que la considera militante del kirchnerismo- negó al declarar ante el juez que se beneficiara de la compra del edificio y pidió ser sobreseída del caso.

"Su mejor opción es renunciar", consideró hoy la titular de la Oficina Anticorrupción de Argentina, Laura Alonso, al referirse al procesamiento de Gils Carbó, de quien dijo "fue una pieza esencial para la impunidad de los corruptos".

En su cuenta en la red social Twitter, Alonso sostuvo que "una jefa de fiscales procesada por corrupción le hace más daño a la Justicia y al país".

"Necesitamos que el jefe de los fiscales le dé seguridad a los argentinos de que defienden la ley y no un relato partidario", sostuvo.

En el auto de procesamiento, el juez consideró que hay pruebas suficientes para afirmar que Gils Carbó y el exsubdirector general de la Procuración Guillermo Alfredo Bellingi llevaron a cabo un "complejo plan" para adquirir para el Ministerio Público Fiscal un edificio ubicado en el centro de Buenos Aires bajo la "simulación engañosa" de una licitación pública.

Esa operación habría tenido la intervención de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, también procesados.

Gils Carbó sostiene que la institución que dirige desde 2012, cuando fue nombrada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y avalada por el Congreso, no abonó comisión alguna con esta operación.

Tras la asunción de Macri, en diciembre de 2015, Gils Carbó mantuvo su cargo pese a la presión del oficialismo, que la acusa de no avanzar en las causas de corrupción que afectan a exaltos cargos del anterior Ejecutivo y dictaminar contra miembros del actual, pero no consiguió iniciar un juicio político contra ella.