La expansión del Canal en América Latina no pasó por el consejo de la entidad

Madrid, 6 oct (EFE).- El exsecretario de Estado de Energía José Manuel Serra Peris ha asegurado hoy que las operaciones del Canal de Isabel II en América Latina no pasaban por el consejo de administración de la entidad, que fue quien pidió la elaboración de un test de deterioro para "regularizar" la operación.

Así lo ha señalado Serra en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea, que aborda la relación del Canal de Isabel II con el caso Lezo, y hoy, en concreto, la compra de Emissao por parte del Canal.

A esta sesión han acudido también Borja Guinea y Miguel Ángel Faura, socios de la consultora KPMG que hizo la auditoría de la filial brasileña, y el exdirector de Recursos Humanos de Canal de Isabel II y exconsejoro de Canal Extensia Fernando Cevallos, que se ha acogido a su derecho a no declarar.

Serra estuvo en el consejo de administración del Canal desde 2003 hasta 2015, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, actualmente encarcelado en el marco de la operación Lezo.

El exsecretario de Estado ha confirmado hoy que hizo dos pagos a González en 2016 por "una colaboración personal" por un importe de 40.000 euros, motivo por el que el juez Eloy Velasco investiga un posible delito de blanqueo de capitales, dentro de la pieza 5 del caso Lezo.

Serra, que también está procesado por el caso Bankia, ha indicado que supo "con detalle" sobre la compra de Emissao en febrero de 2015, ya que todas las adquisiciones no pasaban por el consejo del Canal porque no estaban "en su ámbito competencial".

Es en ese momento cuando se propone la "revisión" y "regularización" de la sociedad brasileña.

"En doce años nunca ha entrado nada de internacional por el consejo del Canal", ha dicho Serra, que no ha sabido responder quién tenía que haber vigilado esa operación. "Pregúnteselo a los responsables de Canal Extensia", ha comentado.

Según Serra, fue el propio consejo del Canal el que realiza un test de deterioro sobre Emissao, y pasa de 21 a 7 millones el valor patrimonial de la filial brasileña al hacer dos provisiones que suponen la revisión de su valor.

La depreciación del real brasileño en más de un 30 % supuso rectificación de unos 7 millones de euros, además de los retrasos de más de seis meses en el cobro de algunas facturas. En esta línea, ha señalado que los actuales responsables del Canal han valorado la sociedad en 2016 en 28 millones.

Serra fue quien viajó, junto con el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel -también investigado en la causa- con González a Cartagena de Indias en 2008 porque el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, citó al Canal a una reunión por un motivo del sistema tarifario de aguas en el país latino. Según ha asegurado, en ese encuentro nos e trató ningún tema de expansión.

Por su parte, el exdirector de Recursos Humanos de Canal de Isabel II Fernando Cevallos, investigado por el caso Lezo, se ha negado a responder a las preguntas de los miembros de la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid.

Cevallos ha acudido al Parlamento regional, ya que la comparecencia tiene carácter obligatorio, pero ha rehusado contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios, porque el procedimiento judicial tiene sometido guardar secreto.

La consultora que auditó las cuentas del Canal de Isabel II ha negado que elaborará un informe que determinará el valor de Emissao para fijar su coste antes de su compra por la entidad, una operación por la que pagó 21,4 millones de euros y cuyo patrimonio neto un mes después era de 10,6 millones.

El socio de la consultora KPMG Borja Guinea ha confirmado la pérdida patrimonial que sufrió la empresa brasileña, que pasó de veinte millones de euros a menos cinco millones en tres años.

Guinea ha indicado que la depreciación del patrimonio contable de Emissao en 2014 se produjo por la presencia de "incorrecciones", por lo que se puso de manifiesto "la necesidad de rebajar el valor de determinados activos e incorporar provisiones para cubrir determinados pasivos".

Según el socio de KPMG, por la compra de Emissao se pagó 31 millones de dólares, una operación que se materializó en tres pagos de 20, 5 y 4,8 millones (dólares) a través de dos bancos suizos y uno brasileño -Bradesco-.

La consultora elaboró un informe, a petición de Inassa, por un coste de entre 40.000 y 50.000 euros, según Guinea, para determinar aspectos de tipo financiero, fiscal y laboral, un trabajo que llevaron a cabo socios de KPGM brasileños.

Por su parte, Miguel Ángel Faura Borruey otro de los socios de KPMG, quien también ha comparecido en la comisión, ha defendido que todos los procedimientos de la auditoría fueron "absolutamente normales" y ha destacado que "no había nada llamativo" en las cuentas.

"No recuerdo haber encontrado nunca ningún ilícito penal durante ninguna auditoría que haya realizado", ha sentenciado Faura y ha insistido en que las pérdidas durante los primeros años de una empresa ubicada en un país en crisis "no es una situación tan poco habitual".