El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) es complicado, pero es importante. Este sistema es la forma de financiar los servicios públicos, fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales en un Estado descentralizado como el nuestro. Probablemente, aún más complicados son los mecanismos extraordinarios de liquidez de las CCAA. El más importante de estos mecanismos extraordinarios, con muchísima diferencia, es el famoso Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA.
En una situación normal, el FLA no existiría. Las CCAA deberían cuadrar sus cuentas, de tal forma que sus ingresos fuesen suficientes para pagar sus gastos. Si no es así, tendrían que endeudarse con quien esté dispuesto a financiarlas. Las CCAA no deberían incurrir en déficit intencionadamente para incentivar la actividad económica, ya que esa función, en cualquier Estado descentralizado, le corresponde al Gobierno Central o Federal. Pero, en cualquier caso, en circunstancias normales, el Estado Central no debería acudir al rescate de los gobiernos autonómicos, comprando su deuda.
Evidentemente, no hemos estado en circunstancias normales, y para salir de la crisis había que garantizar que las Comunidades Autónomas podían hacer frente a su deuda. Esto quería decir que cuando venciesen los préstamos que habían solicitado, y los títulos de deuda que habían emitido, los préstamos y títulos se pagasen. Por otra parte, también resultaba imprescindible que los hospitales y los colegios públicos continuasen funcionando. Por todas estas razones, resultaba obligado que el Estado, que en 2012 era el único que se podía financiar, estableciese un mecanismo extraordinario de liquidez, es decir de préstamo, a las Comunidades Autónomas.
El FLA paga los títulos de deuda que vencen de las Comunidades Autónomas, y financia también el déficit previsto de las Comunidades. Incluso, el Estado también ha acabado financiando los excesos de déficit que han tenido las Comunidades Autónomas. Esto ha llevado a que, actualmente, el principal acreedor de las Comunidades Autónomas sea el propio Estado, que además cobra unos intereses muy bajos. A algunas CCAA esto simplemente le ha supuesto un ahorro de intereses, es decir que todos los contribuyentes nos hemos ahorrado que parte de nuestros impuestos fuese a pagar intereses, porque el Estado se ha financiado a tipos inferiores. Para otras, y la principal beneficiaria ha sido Cataluña, esto simplemente ha permitido la continuidad de los servicios públicos, puestos que las emisiones catalanas llevan varios años considerándose como bonos basura.
Por todo esto, el FLA es un mecanismo de solidaridad de todos los españoles, que, con sus impuestos, han garantizado la correcta prestación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales, en todas las CCAA. Además, estos mecanismos de liquidez han permitido evitar los impagos de las Administraciones Públicas, lo que hubiese puesto en peligro la solvencia global de España, pero también y especialmente, la de las Comunidades Autónomas afectadas. Ahora bien, para que todo esto funcionase es necesario que las CCAA receptoras de los préstamos se ajustasen, es decir reestableciesen los equilibrios entre ingresos y gastos. Esto es lo que se denominan condiciones financieras. No hay mucha diferencia con un préstamo privado de cuantía importante: el deudor debe cumplir las condiciones del acreedor para que pueda devolver el préstamo en el plazo pactado. Hay otra cuestión aún más básica, la lealtad institucional: los préstamos del FLA deben ir a financiar servicios públicos, y no otras cosas como el despilfarro, y mucho menos a pagar actividades ilegales.
En el caso de Cataluña, ya en la primera consulta ilegal, la del 9 de noviembre de 2015 se utilizaron fondos públicos. No estamos hablando aquí sólo de despilfarro, sino de utilizar fondos públicos en finalidades ilegales.
Para mi partido, Ciudadanos, es preciso extremar el control del FLA, para evitar que los impuestos de todos los españoles se empleen, como ya ha ocurrido en actividades ilegales e inconstitucionales. No se entiende es que el Gobierno haya tardado tanto en establecer mecanismos de control, y aún más en reforzarlos. Esto hizo posible la pseudoconsulta del 9-N, y lo peor es que no es el único dato inquietante. El exportavoz de Esquerra Republicana en el Senado, el juez suspendido Santiago Vidal, reconoció hace unos meses que la Generalitat tenía un fondo de reptiles oculto, de nada menos que 400 millones de euros, para financiar el referéndum separatista.
Seamos realistas, un referéndum no es tan caro. Además, aunque no haya un presupuesto oficial, eso no garantiza que el dinero público financie indirectamente una consulta inconstitucional. Por esa razón, desde Ciudadanos hemos exigido que se extremen las medidas de control, incluyendo una cuestión elemental para los que hemos dedicado años al control financiero: una misión de control in situ de la Intervención General de la Administración del Estado, prevista en la propia normativa del FLA. No se puede realizar un control financiero efectivo a más de 600 kilómetros y confiar exclusivamente en los medios informáticos. Aún menos constituye una garantía que Oriol Junqueras firme que no se destinan fondos públicos al referéndum separatista. Esto puede ser la enésima incoherencia de un político separatista, pero para cualquiera con algo de sentido común no es una garantía bastante. Los certificados emitidos por los funcionarios de la Intervención catalana dan algo más de seguridad, pero en mi opinión tampoco es bastante.
Si el control del FLA no es suficiente, no sólo nos encontraremos ante una violación de la legalidad, sino ante una crisis constitucional que se habrá materializado aprovechándose de la solidaridad de todos los españoles. No deberíamos haber llegado hasta aquí, pero ahora mismo la prioridad debería ser evitar que se consume un atentado a la Legalidad y a la Democracia.