El Parlamento europeo pedirá a los Estados miembros que creen un organismo independiente encargado de recoger las denuncias de corrupción en las empresas por parte de sus empleados, verificar su credibilidad y orientar a los denunciantes en sus diligencias, en particular ante la falta de respuesta favorable dentro de su organización. Además, quiere implantar un órgano similar a nivel europeo que coordine las acciones de los Estados miembros en casos transfronterizos.
Así lo refleja el Proyecto de informe sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos que ha elaborado la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y que se votará el 30 de agosto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. La eurodiputada Virginie Rozière, ponente del documento, subraya que la creación de este organismo europeo debería generar "un sistema por niveles que permita que las denuncias de irregularidades se lleven a cabo tanto dentro como fuera de la organización". Destaca que, para ello, deberían establecerse procedimientos claros. En este sentido, apunta que el mandato del Defensor del Pueblo Europeo podría ampliarse para desempeñar esta función.
Ayuda psicológica
"Con el fin de proteger mejor a las personas que decidan efectuar una denuncia, debería estar garantizada la protección de la confidencialidad e introducirse la inversión de la carga de la prueba", señala Rozière. "Un apoyo económico y psicológico, así como una indemnización por daños, permitirían completar el dispositivo, al mismo tiempo que deberían estar previstas sanciones eficaces contra las personas que pretendan impedir que el denunciante hable", añade.
Por su parte, la eurodiputada española Maite Pagazaurtundúa solicita, en este ámbito, el establecimiento en los países de canales "seguros y legales" que faciliten la revelación de información sobre amenazas para el interés público a las autoridades competentes. Además, pide que se armonice a nivel europeo la protección de estos denunciantes.
"El planeamiento más eficaz a la hora de garantizar a los denunciantes de irregularidades una verdadera protección integral sería el de un instrumento legislativo transversal de la Unión que les brindara protección en los sectores público y privado y fuese complementado con normas sectoriales", explica. De este modo, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa exige que se presente antes de finales de 2017 una propuesta legislativa por la que se defina la denuncia de irregularidades y se establezcan normas comunes para la protección de estos denunciantes.
En todo caso, Virginie Rozière manifiesta en el informe su preocupación por los riesgos a los que se exponen los denunciantes de irregularidades en su lugar de trabajo y, en particular, por los riesgos de represalias, directas o indirectas, por parte del empresario y de las personas que trabajen por cuenta o en nombre de este último. "Estas represalias se traducen, a menudo, en una exclusión, una ralentización o una suspensión en la progresión en la carrera, incluso un despido, así como en situaciones de acoso psicológico; destaca que estas represalias obstaculizan la actuación de los denunciantes de irregularidades", concluye la eurodiputada.
