El jefe de las cárceles salvadoreñas acusado de malversación queda en libertad condicional

San Salvador, 1 jun (EFE).- El director general de Centros Penales de El Salvador, Rodil Hernández, afrontará en libertad condicional una investigación judicial por supuestamente malversar más de 5,6 millones, que habrían servido en parte para financiar una polémica tregua entre pandillas (2012-2014).

La jueza cuarta de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, decretó al final de la audiencia inicial el paso a la siguiente etapa del proceso por encontrar "situaciones que se deben seguir conociendo".

Ordenó la libertad del imputado porque la Fiscalía no pudo demostrar que "mínimamente obstaculizó la investigación" valiéndose de su cargo, o que exista el riesgo de que intente huir.

Con esta medida, Hernández tiene prohibido salir del país y cambiar de domicilio, y deberá presentarse semanalmente ante el Juzgado Cuarto de Instrucción, que conocerá la siguiente etapa.

La mismas medidas fueron impuestas al antecesor de Hernández en la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Nelson Rauda (2012-2013), que fue enviado a juicio este miércoles por las supuestas irregularidades cometidas en las cárceles durante una tregua entre las pandillas.

Pese a mantener los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios contra Hernández y Rauda, la jueza Pozas criticó la acusación de la Fiscalía, a la que tildó de "vaga" por la ausencia de datos precisos sobre los montos supuestamente malversados por los procesados y la conducta cuestionada.

Durante el uso de la última palabra en la audiencia, Hernández aseguró a la juez que "he trabajado arduamente en la administración penitenciaria para poder generar una transformación" de esta y "nunca se ha podido ver en el país un trabajo tan extenso con el único propósito de generar condiciones dignas" para los presos.

Al final de la audiencia Hernández se quedó en libertad, luego de permanecer desde este lunes en los calabozos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía.

El jefe de Unidades Especializadas de la Fiscalía, Allan Hernández, aseguró el martes que personas ligadas a la mediación entre las pandillas recibieron parte del dinero que supuestamente malversaron los acusados.

Detalló que de los más de 5,6 millones cuestionados casi 4,5 millones fueron utilizados para el pago de salarios de gente ajena a la dirección de las prisiones y entre estos "personas que trabajaban directamente para Rául Mijango dentro del proceso de la tregua".

Mijango fue el principal mediador entre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) para que estas alcanzaran un acuerdo de no agresión,

proceso que redujo significativamente los homicidios y tuvo la venia del Gobierno durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014).