Los ayuntamientos quieren que el Estado les resarza de las devoluciones de liquidaciones del Impuesto de Plusvalía Municipal, parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional (TC), que reclamen los contribuyentes con sentencias judiciales que así lo ordenen.
Así, lo anunció esta mañana Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que afirmó, tras la , tras la reunión que la Junta de Gobierno de la Federación, que "no puede ser que el coste de un impuesto mal diseñado por el legislativo lo tengan que soportar las Haciendas Locales y no la Estatal".
El Tribunal Constitucional, mediante tres sentencias -una referida a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el régimen general y las otras dos sobre las normativas forales de Guipúzcoa y Álava- adoptadas por el Pleno, ha determinado que a partir de ahora, quien venda inmuebles a pérdida no tendrá que pagar el Impuesto de Plusvalía Municipal a Hacienda.
El Pleno del TC determina en estas sentencias que el objeto del impuesto regulado por las normas estatal es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos en un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, la norma determina el gravamen no se vincula a la existencia de ese incremento, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno -mínimo- y 20 años -máximo-.
Aplicación automática
Así, bastaba hasta ahora con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se aplique a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.
Por ello, Abel Caballero destacaba que la Femp va a proponer al Ministerio de Haciendados dos posibles mecanismos para regularizar la situación del tributo a partir de ahora. Por un lado, se trataría de establecer un sistema de índices basado en los valores catastrales y la variación de los pecios medios de los inmuebles. E segundo mecanismo posible estaría basado en el precio de compra del inmueble menos el de venta. De este modo, solo se tributaría de existir plusvalía.
El presidente de la Femp advertía que la propuesta de Hacienda y la solución "deben ser inmediatas". Mientras tanto, los interventores de algunos municipios están resolviendo liquidaciones con sentencia favorable al contribuyente. Algunos de estos casos se pueden considerar muy claros, ha subrayado, al tiempo que recordaba que desde hace años venían avisando a Hacienda de la situación de inconstitucionalidad de esta figura impositiva. Caballero ha manifestado que toda la responsabilidad es del Estado y, por tanto, debe hacer frente a las demandas de devolución.
"Esta situación ha creado una gran inseguridad jurídica a los contribuyentes y a los municipios", ha concluido. "Estamos del lado del ciudadano", ha apostillado.
Según los datos de Hacienda, el año pasado se recaudó por este impuesto algo menos de 2.000 millones de euros, por lo que el monto de reclamaciones podría rondar los 8.000 millones de euros.