Madrid, 21 may (EFE).- El exjefe de ETA Javier García Gaztelu "Txapote" se enfrenta este lunes a un nuevo juicio en la Audiencia Nacional, esta vez por atentar en 1995 contra la sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, hechos por los que el fiscal pide una condena de 14 años y 8 meses de prisión.
En la cárcel desde el 2002 -primero en Francia y luego en España-, este histórico de ETA acumula penas que superan los 450 años de prisión por los asesinatos del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco; el dirigente popular en Guipúzcoa Gregorio Ordóñez; el dirigente socialista en el País Vasco Fernando Mújica y el socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza, entre otros.
Ahora, varios meses después de que el juez le concediera su primer permiso penitenciario para visitar a su padre de avanzada edad, se enfrenta a un nuevo juicio por un atentado que presuntamente cometió cuando era miembro del comando Donosti -antes lo fue del comando Vizcaya- en 1995.
Junto con sus compañeros de comando, los etarras ya condenados por estos hechos, Valentín Lasarte Oliden y Juan Ramón Carasatorre Aldaz "Zapata", efectuaron dos disparos con un lanzagranadas de 83 milímetros contra el edificio del Gobierno civil de Guipúzcoa en San Sebastián en un atentado que se saldó sin víctimas.
Y ello, refleja el fiscal en sus conclusiones provisionales, "sin importarles el que pudieran causar lesiones o incluso la muerte a las personas que estaban de servicio en el edificio o que pasaran por el lugar del ataque".
Ocurrió el 19 de julio de 1995, poco después de la medianoche, cuando los tres se dirigieron en un coche robado al que cambiaron las matrículas y en otro propiedad de la etarra fallecida Ignacia Ceberio Arruabarrena al mirador del antiguo palacete de Puyo, situado a 400 metros en línea recta del Gobierno civil guipuzcoano, desde donde efectuaron los disparos.
El lanzagranadas que utilizaron para el atentado procedía de un zulo situado en el cementerio de Hernani (San Sebastián), donde se escondía entonces "Txapote" junto con el etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz.
Tres delitos le atribuye el Ministerio Público por este atentado al que fuera jefe militar de ETA entre 1996 y 2001, el de terrorismo, el de utilización ilegítima de vehículo de motor y el de sustitución de placas de matrícula.
Y solicita además de la pena de cárcel, el pago de una multa de 8.020 euros y de varias indemnizaciones.
Una de ellas al Estado, por 17.568 euros, otra de 360 euros al dueño de un establecimiento cercano al edificio del Gobierno civil que sufrió daños y una última de 340 euros para el dueño del coche que robaron, las mismas cantidades que debieron de abonar los perjudicados por los daños materiales causados por los terroristas.