El Gobierno ha regulado el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. En este sentido, ha aprobado la dotación de un sistema similar al implementado en el Estado con objeto de verificar el cumplimiento de la legalidad y analizar que la actividad económico financiera de la Entidad local así como de sus organismos y sociedades mercantiles se adecúan a los principios de buena gestión financiera.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Su objetivo es reforzar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las entidades locales.
La normativa establece las normas que garantizan una definición homogénea de los sistemas de control interno de las intervenciones de las entidades locales con el objeto de reforzar el papel de los órganos de control, apoyando la labor que éstos desarrollan. En este sentido, el sistema tiene un desarrollo tanto de los controles previos de legalidad como, y especialmente, de los controles que se ejercen con posterioridad y que tienen por objeto no solo verificar el cumplimiento de la legalidad sino también analizar que la actividad económico financiera de la entidad local así como de sus organismos y sociedades mercantiles se adecúan a los principios de buena gestión financiera.
Adicionalmente, como mecanismo de apoyo, se regula un sistema de resolución de las discrepancias que pudieran surgir entre los órganos de control y los alcaldes o Plenos de las entidades locales, en el que participaría la Intervención General de la Administración del Estado de las Comunidades.
