Los jueces y los abogados rechazan la reforma del proceso penal que plantea el Gobierno para entregar la fase de instrucción al Ministerio Fiscal. Por su parte, los fiscales sí apuestan por este cambio, aunque exigen modificaciones en la Constitución y su Estatuto que les doten de más independencia para llevar a cabo las investigaciones.
"Cuando una cosa funciona no hay que cambiarla", sentenció ayer el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El juez participó en el II Congreso de la Abogacía Madrileña, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, donde una representación de los tres operadores jurídicos debatió ayer sobre la posible reforma. "Los jueces de instrucción estamos muy controlados y, aunque algunas veces nos equivocamos, existen muchas maneras de recurrir nuestras decisiones. ¿Quién corregiría al fiscal?", añadió.
Por su parte, Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional, declinó la posición de Velasco y abogó por una instrucción dirigida por el Ministerio Fiscal, aunque pidió "romper el cordón umbilical" que une a la fiscalía con el Ejecutivo. En este sentido, apuntó la posibilidad de modificar la Constitución Española. En concreto, pidió cambiar el artículo 124.4, que establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Además, también apostó por cambiar otros preceptos de su Estatuto para limitar la dependencia jerárquica y garantizar la independencia de estos operadores jurídicos.
"Ya tenemos una figura independiente para que instruya las causas", respondió la abogada Esther Arabaolaza. "Esa persona que piden los fiscales ya tiene un nombre, y se llama juez", sentenció. La letrada señaló, además, que los fiscales "son ya una pieza clave en los procedimientos, por lo que hay que mantenerla".
Eloy Velasco, por otro lado, explicó que el Código Penal no incluye la figura de la prevaricación para los fiscales. "No existe ningún control para corregirle si toma una decisión presumiblemente equivocada", apostilló.
Sin embargo, Velasco reconoció que los jueces pueden desarrollar prejuicios a lo largo de los procedimientos. En todo caso, recordó que el juez que juzga la causa es distinto del que investiga y toma medidas cautelares. "La garantía está en que el que falla es distinto del magistrado que lleva a cabo la recopilación de todas las pruebas", apuntó. "Al final, esto no es ninguna lucha entre jueces y fiscales. Es verdad que para muchos juzgar es solo juzgar, pero antes hay que llegar a juicio", matizó.
En este sentido, Velasco alertó de que trasladar la instrucción al fiscal podría interferir en la división de poderes, tal y como está configurada el Ministerio Fiscal hoy. "Nos quitarían más poder a los jueces para entregárselo a los fiscales, que pertenecen al Ejecutivo", explicó.
Por su parte, la abogada Esther Arabaolaza concluyó que "hasta que no nos demuestren que es un sistema mejor, los experimentos con gaseosa".
Figura de garantías
Los ponentes también analizaron la posibilidad de crear la figura de un juez de garantías para que investigue en los procedimientos. Velasco indicó que, desde su experiencia, "es una persona que no tiene contacto con lo que está siendo enjuiciado". A su juicio, "no es una figura copiable y trabajaría como un autómata".
Por otro lado, tanto Velasco como el fiscal Bautista admitieron que hay ocasiones en las que la acusación popular puede contaminar políticamente un procedimiento judicial. No obstante, ambos reconocieron que ha habido multitud de asuntos que han salido adelante gracias a ella.