La mejora de los programas de compliance y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia son los dos grandes objetivos que señalan los expertos como fundamentales para avanzar en la lucha contra la corrupción en el sector privado. Un fenómeno que -reclamaron- debe abordarse de forma transversal, dedicándole los mismos esfuerzos de prevención y persecución tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante la jornada Prevención de la corrupción en el sector privado, organizado por Transparencia Internacional España (TI-España) y la Red Española del Pacto Mundial de la ONU, se mostró una visión crítica de la regulación de la responsabilidad penal de las empresas.
David Martínez, investigador del Proyecto Integridad de TI-España, reclamó, en concreto, crear programas específicos para pymes y empresas públicas -por ser organizaciones no suficientemente atendidas-. También expuso la necesidad de elaborar programas específicos "que aborden eficazmente el problema de la corrupción en la cadena de suministro".
Entre otras de las propuestas destaca la creación de un Estatuto del compliance officer, mejorar la protección del denunciante y ampliar el numeros clausus de delitos por los que puede exigirse la responsabilidad penal a una persona jurídica -incluyendo, incluso, el homicidio-. En este punto puso como ejemplo la imposibilidad, con la regulación presente, de imputar a una empresa por un caso similar al del aceite de colza.
Finalmente, entre sus demandas, destacó fijar criterios claros de idoneidad y eficacia de los programas de compliance.
Durante la jornada también se abordó qué empresas están sometidas a los dictados de la Ley de Transparencia. El coordinador de proyectos de TI-España, Daniel Amoedo, explicó que quedan obligadas las compañías que reciben ayudas o subvenciones por 6.000 euros o más; aquéllas en las que el dinero público supone más de un 40 por ciento de un presupuesto superior a 5.000 euros; y, finalmente, las concesionarias de servicios públicos y las adjudicatarias de contratos.
El problema, según Amoedo, es que no se han establecido sanciones para el caso de que las compañías incumplan sus obligaciones.
En este sentido propuso dos vías para penalizar los incumplimientos. "La primera es que, en la presentación de la Memoria Anual que el Consejo de Transparencia ante las Cortes, se las señale públicamente y se perjudique su imagen corporativa. La segunda es a través del artículo 34 de la Ley, que asigna una función genérica al organismo de velar por el cumplimiento de las obligaciones", aseveró.
Sujetos obligados
En la misma línea, César Cruz, investigador de TI-España explicó que la técnica legislativa empleada en la Ley de Transparencia no favoreció avances en este ámbito. En este sentido, reclamó que se precisara con claridad qué sujetos están obligados por la norma.
Cruz también avanzó los resultados de una investigación realizada por la ONG, que será publicada próximamente. Lo más llamativo es que, si bien hay una "ausencia generalizada de cumplimientos asociados con la Ley", las empresas muestran voluntad de avanzar hacia dar mayor publicidad a su actuación en todos los ámbitos. "El problema es que el esfuerzo es previo a la norma", explicó; es decir, que no se ajusta a los requerimientos legales.
