Los criterios interpretativos sobre normativa tributaria reiterados y que no generan conflictividad deberían pasar a formar parte de la legislación fiscal, lo que redundaría en una mayor seguridad jurídica.
Así lo considera el Grupo de Trabajo Tributario de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) en las conclusiones del estudio sobre la evolución necesaria del proceso de elaboración de legislación fiscal.
Abogan los expertos, entre los que se hay profesionales de los principales despachos de asesores fiscales, profesores universitarios y funcionarios de Hacienda, todos a título personal, porque se cumpla la Ley del Gobierno, que prevé la aprobación de planes normativos y consideran que su ámbito temporal debería ser, al menos, de un año.
Reglas precisas
Se trata de que la Administración cuente con reglas de técnica normativa más precisas y de uso vinculante para ella y dar una especial trascendencia a las exposiciones de motivos como una herramienta interpretativa.
El reto que se han planteado con este trabajo es que se aseguren que estos mecanismos basados en los principios de buena regulación se utilizan en su integridad de forma general y habitual, por lo que abogan por limitar al máximo posible la utilización de figuras normativas -como el real decreto-ley- que por su carácter excepcional, basado esencialmente en la urgencia, se separan de este procedimiento, al omitirse los filtros que tratan de garantizar un mayor grado de acierto en la normativa en proyecto.
Para Antonio Montero, Counsel de CMS-Albiñana, este informe, elaborado entre 2016 y 2017, "trata de generar ideas implementables en el corto plazo. Pequeñas cosas muy prácticas con impacto en la calidad de las normas".
Así, se indica la necesidad de establecer mecanismos de control previos y posteriores a la elaboración de las normas con resultados públicos que den lugar a un informe de recomendaciones y efectuarse una actividad de continua de seguimiento de aplicación de la norma.
Los expertos también entienden que sería muy beneficioso para legislar bien, la creación de un órgano prelesgilativo que actúe como centro técnico al servicio del asesoramiento y elaboración de la normativa, que podría ser una evolución de la Comisión General de Codificación hacia una Comisión General de Legislación.
Dan un interés prioritario a la participación ciudadana y de otros operadores en el proceso normativo. Destacan la necesidad de que participen en los procesos normativos las distintas Administraciones Públicas, así como los distintos órganos consultivos, centrando su atención en el Consejo de Estado por su participación preceptiva y general.
En la tramitación parlamentaria, piden que se valore la conveniencia de crear un órgano consultivo formado por letrados de las Cortes Generales que estudie cada proyecto legal y haga sugerencias de técnica legislativa. Y en la misma línea se muestran partidarios de que se valore, también, la posibilidad de crear en serie parlamentaria un comité técnico que revise los textos normativos de naturaleza tributaria, formado o asesorado por expertos independientes.
Jesús Rodríguez Márquez, director del Área Tributaria de F&J Martín Abogados, afirma que sería interesante incorporar "un sistema de test que permita identificar todos los factores que pueden incidir en la calidad de las normas y su grado de aceptación y efectividad, como la claridad o la adecuación a su finalidad.