El Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, ha avalado las últimas modificaciones introducidas por el Parlamento español en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que le atribuyen mayores potestades para hacer efectivas sus sentencias y decisiones, si alguna institución pública las incumple.
Todos los tipos de medidas previstas en la modificación legal de 2015, que incluyen entre otras la posibilidad de suspender transitoriamente en el ejercicio de sus funciones a cargos públicos, se consideran adecuadas desde el punto de vista constitucional comparado, según el dictamen de la Comisión de Venecia, que hace algunas recomendaciones relativas a su aplicación práctica.
De esta forma, el dictamen confirma la legalidad de la norma española aprobada en 2015, que se ajusta a las leyes comunitarias, aunque recomienda a España que realice algunas "mejoras para garantizar la neutralidad del órgano de garantías y la separación de poderes".
En palabras de la Comisión de Venecia "Cuando una autoridad pública se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), viola la Constitución, incluyendo los principios del imperio de la ley, separación de poderes y el de cooperación leal entre instituciones públicas estatales y las medidas que impulsen la ejecución son legítimas".
La Comisión valora el carácter general de la normativa española que permite a cualquier parte interesada instar la ejecución, las garantías procedimentales que establece previas a la adopción de medidas de ejecución de las resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y la obligación de auxiliarlo en su puesta en práctica que incumbe a los poderes del Estado a todos los niveles y aconseja que sea por iniciativa de parte como se inicie la ejecución de la sentencia y no de oficio.
En el informe, aprobado este pasado sábado, se recalca la importancia que tiene que todos los individuos e instituciones cumplan de manera efectiva las sentencias y decisiones de los Tribunales Constitucionales.
A continuación hace un análisis del derecho comparado en esta materia, concluyendo que en Europa son varios los sistemas posibles. Uno de ellos es el de atribuir potestades de ejecución de sus sentencias al propio Tribunal, como sucede en España que ha seguido el modelo alemán.
Esa reforma tenía como objetivo dotar al TC, institución básica para la defensa y garantía del Estado de Derecho, de las herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y resoluciones.
La Ley que ahora se ratifica también prevé que el TC pueda solicitar el auxilio de cualquier Administración o poder público, incluido el Gobierno, que tienen la obligación de atender estas peticiones de colaboración de forma preferente y urgente.
La modificación de la LOTC vino a completar el sistema jurisdiccional español, permitiendo que el TC haga cumplir sus resoluciones tanto cuando afectan a ciudadanos como a instituciones, asegurando con ello la plena eficacia del Estado de Derecho.
La Comisión de Venecia, técnicamente denominada Comisión para la Democracia a través del Derecho, es un órgano consultivo del Consejo de Europa para asuntos constitucionales. En esta ocasión ha emitido su informe a solicitud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Rifirrafe interpretativo
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publicó ayer un mensaje en la red social Twiter en el que decía: "Una gran noticia: Europa, por primera vez, planta cara a España".
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha respondido, a través de Europa Press, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "la Comisión Venecia del Consejo de Europa considera que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante y deben ser respetadas, por lo que las medidas para hacer efectivas esas sentencias son legítimas. A su entender, lo que de verdad ha dicho este órgano es que avala las medidas para evitar que algunos caraduras se salten la Constitución".
Ayllón ha subrayado que la reforma de la Ley Orgánica del TC impulsada en la X legislatura por el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no contradice los estándares europeos", dado que "no hay reglas comunes sobre la ejecución de las sentencias de los tribunales constitucionales". De hecho, resalta que otros Estados tienen sistemas de ejecución como el de España, como ocurre en Alemania y Austria.
