Buenos Aires, 1 mar (EFE).- La Corte Suprema de Argentina pidió hoy informes a la norteña provincia de Jujuy sobre las condiciones de detención y de salud de la activista y diputada argentina del Parlasur Milagro Sala, quien permanece detenida desde enero del año pasado.
El máximo tribunal solicitó a la Unidad del Servicio Penitenciario de Jujuy que le informe sobre "las condiciones de alojamiento a las que está sometida Milagro Sala en relación con el resto de las personas detenidas en el instituto" carcelario, informaron fuentes judiciales.
Además, el Supremo le pidió al Servicio Penitenciario provincial que brinde precisiones sobre el estado de salud de Sala y de "los servicios de atención médica de los que efectivamente dispone el establecimiento" en donde permanece detenida.
La solicitud e información hecha por la Corte se produce luego de que en los últimos días medios locales informaran que la líder social se autolesionó en el vientre fruto de un ataque depresivo.
Para el mejor cumplimiento de la medida ordenada, el máximo tribunal resolvió dar intervención al Juzgado Federal 1 de Jujuy, que asimismo deberá recabar información completa sobre el estado de las causas en trámite en las que está involucrada la diputada.
Según informó el Centro de Información Judicial, la Corte fijó el plazo de cinco días para dar cumplimiento con la medida ordenada.
De acuerdo a medios locales, Sala se hirió en el vientre con unas tijeras el pasado jueves en su celda, después de que le notificaran la apertura de otros tres nuevos procesos contra ella por instigación de amenazas.
El lunes pasado, la abogada de la activista, Elizabeth Gómez Alcorta, confirmó el incidente y dijo que Sala sufre un cuadro de "mucha vulnerabilidad" psicológica.
Según la letrada, el corte en el estómago no fue de gravedad, pero "el sentido común indica que una persona que se autoagrede evidencia una situación crítica y de alta vulnerabilidad psicológica".
También el lunes, el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Víctor Morales, indicó que hubo "quejas cruzadas" entre Sala y otra reclusa que provocaron que se dispusiera "la inmediata atención" de la diputada del Parlasur por parte de su psicóloga, y desmintió que la activista fuera agredida o tuviera un intento de suicidio.
Sala fue detenida en Jujuy el 16 de enero de 2016 por una protesta organizada contra el gobernador esa provincia, Gerardo Morales, pero permaneció después en prisión preventiva debido a su presunta implicación en otras causas por corrupción y otros delitos.
La activista lidera la organización Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.
Aunque fue elegida para el Parlasur en diciembre de 2015 dentro de las listas del kirchnerismo, aún no pudo asumir y su detención es seriamente cuestionada por distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tanto el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri como las autoridades jujeñas argumentan que dichos organismos no conocen todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de darle o no la liberad está sólo en manos de la Justicia.
Hasta la fecha, los tribunales se han expedido condenando a Sala en dos de las causas menores en su contra, la de la manifestación que desembocó en su detención y otra por otra protesta similar en 2009.
