La terminal de Guatemala que fue epicentro de un caso de corrupción acogerá su primer buque

Guatemala, 18 feb (EFE).- Un buque con bandera de Hong Kong se convertirá mañana en el primer navío que recibirá la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la más grande de Guatemala y que se vio envuelta el pasado año en una trama de corrupción que tiene en prisión preventiva al expresidente Otto Pérez Molina.

Está previsto que el portacontenedores, de nombre Safmarine Nokwanda, llegue a las 14.30 hora local (20.30 GMT) en lo que supondrá la inauguración oficial de esta portuaria del Pacífico.

Previamente, el interventor nombrado judicialmente para su funcionamiento, Alexander Aizenstatd, comparecerá ante la prensa y realizará una gira por las instalaciones.

El buque, propiedad de la empresa Maersk -un conglomerado de negocios internacional fundado en Dinamarca en 1904-, proviene de Panamá, tiene capacidad para 5.000 contenedores de 20 pies y tiene unas dimensiones de 266 metros de longitud por 37,5 metros de ancho.

TCQ, ubicada en el municipio Puerto de San José, tiene a 84 colaboradores, el 25 % de ellos mujeres y el 88 % residentes en el área cercana, y según su interventor ofrece un mejor tiempo de respuesta, pues la entrega de contenedores pasa de durar días en la actualidad a sólo 35 minutos.

Además, dispone de grúas especializadas para el manejo de contenedores -"únicas en el país"-, un gran equipamiento digital que permite un mayor control y fiscalización de aduanas, un sistema de seguridad digital multimedia para controlar el proceso, espacio de refrigerado para los contenedores y unificación de las oficinas.

La terminal, que tiene todos los procesos "automatizados", puede recibir buques de "altas dimensiones", de hasta 300 metros de eslora (longitud) y 48 metros de manga (ancho), por lo que representa una posibilidad de un "ahorro importante en costos de transporte marítimo".

La trama en la que se vio implicada TCQ tiene en prisión preventiva al expresidente Pérez Molina (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, además de otros funcionarios y empresarios, todos a la espera de saber si deben enfrentar un juicio por esta causa, que se descubrió en abril de 2016.

La red de corrupción que surgió por las obras de ampliación de Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, supuestamente estaba liderada por el exmandatario y la exvicepresidenta, quienes exigieron a la empresa TCQ el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para adjudicar el proyecto, valorado en 255 millones de dólares.

La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, empezó en agosto de 2014 y se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

La holandesa APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

El pasado 30 de enero, Aizenstatd anunció que estaba todo listo para empezar a operar y que solo faltaban algunos detalles para que el primer buque llegara a la que calificó como una de las terminales "más modernas de Iberoamérica".

A pesar de todo ello, el interventor reconoció en ese momento y en otras ocasiones que el estado financiero de TCQ sigue siendo "crítico" porque no está generando ingresos al no haber operado y su deuda ascendía, en ese momento, a 126,5 millones de dólares.

Esta cantidad debe ser cancelada en un plazo de 10 años y según las previsiones el costo mensual fijo de pagos a empleados y otros servicios de la portuaria es de 3 millones de quetzales (401.609 dólares).