Madrid, 17 ene (EFE).- La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha pedido seis años de prisión para el exconsejero y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados por su participación en el chivatazo al empresario y socio suyo David Marjaliza de que estaban siendo investigados en el caso Púnica.
En un escrito de conclusiones provisionales presentado en la Audiencia Nacional, ADADE solicita esta pena para Granados, que lleva ya más de dos años en prisión provisional por el citado caso de corrupción política, al estimar que en el asunto del chivatazo incurrió en un delito de aprovechamiento del delito revelado.
La asociación reclama además tres años de cárcel y cinco de inhabilitación para cargo público para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y para el agente del mismo Cuerpo en excedencia José Luis Caro Vinagre como presuntos autores del delito de revelación de secretos.
En su escrito de acusación ADADE relata que en la investigación del caso Púnica se encargó el establecimiento de un dispositivo de vigilancia en la sede social de las empresas de uno de los principales investigados y considerado presunto cerebro de la trama, David Marjaliza, en Pinto (Madrid).
Explica que se consideraba de especial interés ya que en la misma se desarrollaban reuniones con políticos, empresarios, funcionarios y otros colaboradores de la trama.
ADADE agrega que José Manuel Rodríguez Talamino participó en la colocación de la cámara situada en un vehículo aparcado delante de dicha sede.
Añade que el 5 de septiembre de 2014 se instaló la cámara con el vehículo y al día siguiente ya se interceptaron llamadas en las que se hablaba de que un guardia civil había informado esa misma madrugada a otro de los principales investigados, Francisco Granados, de la instalación del dispositivo de vigilancia y a un amigo del mismo, Jose Luis Caro Vinagre.
La acusación narra que inmediatamente se sucedieron las llamadas alertando a los distintos investigados y colaboradores, entre ellos David Marjaliza, y se sucedieron las gestiones para conseguir más información sobre el objeto y las dimensiones de la investigación.
ADADE explica que fue necesario establecer una estrategia de despiste que implicó el desplazamiento de José Manuel Rodríguez Talamino a Valencia haciéndole creer que se trataba de una investigación por un delito de tráfico de estupefacientes y que se cancelaba la operación anterior.
La asociación destaca que "los efectos de la revelación de secretos son poner en alerta a los investigados, quienes proceden a la destrucción y ocultación de pruebas, reduciendo sus conversaciones telefónicas, y alterar y dificultar la investigación".
ADADE subraya que en cuanto recibe la información Granados "pone en marcha la actividad a fin de minimizar los daños que de la investigación puedan derivarse".
Señala que "intenta recabar más información de José Manuel Rodríguez Talamino directamente o a través de Jose Luis Caro, usa medios informáticos para ampliar la información, pone en alerta a las personas relevantes a fin de entorpecer la investigación y toma todo tipo de precauciones, evitando hablar claramente por teléfono y organizando citas presenciales para abordar los temas".
ADADE propone que se celebre el correspondiente juicio de estos tres acusados por estos hechos y que en el mismo declare como testigo, entre otros, David Marjaliza.
