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Conde-Pumpido pide limitar la acción popular en el proceso penal

  • Apoya que la Fiscalía dirija la instrucción siempre que se refuerce su independencia

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, arremetió ayer contra la actual regulación de la acción popular en el marco de los procesos penales. Según afirmó, se trata de una "privatización de la Justicia penal" y subrayó que se trata de una figura que únicamente existe en nuestro país.

A su juicio, es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir, entre otras cosas, que los partidos políticos puedan interponer querellas o personarse en los procedimientos abiertos contra miembros de otras formaciones rivales.

Los otros dos grandes problemas señalados por Conde-Pumpido, que intervino en un desayuno organizado por la revista Vanity Fair, fueron la judicialización de la política y el hecho de que la fase de instrucción siga dirigida por los jueces.

En su opinión, y en la línea de lo comprometido para esta legislatura por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la investigación de las causas debe ser impulsada por el Ministerio Fiscal. En este sentido, afirmó que España es, a día de hoy, una especie de "islote robinsonero", dado que en el resto de países de nuestro entorno la responsabilidad de la instrucción ya reside en los fiscales.

Este atraso, explicó, es la causa que demora los procedimientos judiciales penales en nuestro país. La instrucción, en la actualidad, es "lenta, ineficaz e insegura" y el hecho de que el 99 por ciento de que las causas presentadas no dé lugar a juicio, "es un 99 por ciento de trabajo absurdo", apostilló.

El magistrado apoyó su posición en cifras: si los 500 jueces que en España se dedican a instruir pasaran a enjuiciar, la Justicia se agilizaría. Además, descartó que asumir la investigación vaya a suponer un problema para los 2.500 fiscales que hay en plantilla.

Pacto PP-PSOE

El ex fiscal general también reclamó a los partidos políticos que superen "la pereza y la rutina" y procedan a pactar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, se mostró confiado que la voluntad expresada por Catalá cuente con el respaldo del Partido Socialista.

El comentario fue respondido por Margarita Robles -presente en la sala-, exmagistrada y diputada del PSOE, que defendió la reforma como "planteamiento teórico", pero planteó sus dudas por la jerarquización y dependencia de la Fiscalía del Gobierno, dado el actual modelo de designación del fiscal general.

Conde-Pumpido respondió que ese es el argumento "corporativo" de un sector de los jueces que no quiere perder "el poder de la instrucción", pero se mostró partidario de reforzar la independencia de la Fiscalía si, finalmente, se aborda la reforma de la regulación del proceso penal.

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