El Tribunal del caso Guateque no resolverá hasta la sentencia sobre nulidad de las escuchas

Madrid, 11 ene (EFE).- El tribunal que juzga el denominado caso Guateque no resolverá hasta la sentencia las peticiones de nulidad planteadas por las defensas en el inicio del juicio, entre ellas, las intervenciones telefónicas, registros y la declaración del testigo protegido cuya denuncia desencadenó la operación en 2007.

Ha sido en la primera sesión de la vista oral que se celebra ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que preside la magistrada Carmen Compairez, que juzga la considerada como la mayor trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Madrid con 30 acusados que se enfrentan a entre 21 años y seis meses de prisión.

La vista, que se suspendió ayer por la incomparecencia de uno de los acusados, ha comenzado con retraso aunque esta vez sí que han asistido los 30 procesados y no 34, como se informó previamente.

Dos han fallecido a lo largo de esta década de instrucción judicial y otros dos han sido apartados de la causa al haberse sobreseído el procedimiento contra ellos.

Uno a uno, los treinta acusados han ido diciendo su nombre ante el tribunal, que después ha dado paso a las cuestiones previas.

El tribunal ha aceptado retirar, a petición de la Fiscalía, una de las pruebas porque la única persona que podía probar parte de los hechos ha fallecido, mientras que las dos acusaciones particulares (PSOE y Ayuntamiento de Madrid) no han realizado ninguna petición.

Las defensas han solicitado la nulidad de las principales pruebas de cargo, en particular de las escuchas telefónicas que dieron origen al caso y de los registros, pero no de toda la instrucción judicial, como habían adelantando algunas defensas.

Han solicitado también la nulidad de las grabaciones del testigo protegido que regentaba un bar al que la Junta de Chamberí denegó la licencia de funcionamiento y que desencadenó la operación Guateque a raíz de la denuncia contra la empresa encabezada por Antonio Sanz Escribano.

Pero el tribunal ha señalado que las nulidades planteadas deben ser objeto de estudio en sentencia, por lo que no resolverá sobre las mismas hasta que emita un fallo.

Sí que ha accedido a la petición unánime de las defensas que han pedido la dispensa para que los acusados se puedan ausentar de la vista en algunas ocasiones, principalmente por cuestiones de salud.

Mañana darán comienzo las declaraciones de los primeros acusados con los cuatro directivos de Ocaso: Javier Zumalacarregui, subdirector general de la compañía; Carlos Rubí, director general; Ramón Boticario, director de la División Inmobiliaria; y José Manuel Pérez Moreno, coordinador de Servicios Generales e Inmuebles.

La 'trama" de Ocaso se centra en las irregularidades en la tramitación de la licencia para el cambio de uso de su sede en la calle Princesa.

Hasta siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" se urdieron en el entorno del Ayuntamiento que, según la Fiscalía, buscaban la agilización de expedientes urbanísticos, con la ayuda de funcionarios que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".

Los empleados municipales presuntamente percibían, a través de empresas dedicadas a obras y tramitación de licencias, sobornos de los promotores que oscilaban entre los 150.000 y los 1.000 euros a cambio de otorgar un tratamiento "favorable" a los expedientes.

Su labor consistía en agilizar los expedientes adelantando su turno sobre otros y asumir un control menos riguroso para obtener un informe favorable al proyecto solicitado, de forma que pudieran lucrarse "desviándose del interés público que debían defender".