A juicio hoy un exministro de Guatemala por ordenar la ejecución de 8 presos

Madrid, 10 ene (EFE).- La Audiencia Nacional juzga hoy al exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Roberto Vielmann por crear un cuerpo policial clandestino que asesinó en 2005 y 2006 a ocho presos que causaban problemas a las autoridades, hechos por los que se enfrenta a 160 años de cárcel.

Vielmann, que tienen la nacionalidad española desde 2009, ostentó el cargo de ministro desde 2004 hasta 2007, cuando, según la Fiscalía española, "autorizó y supervisó en unión con otros mandos de la Policía Nacional y de la Dirección del Sistema Penitenciario la creación de una estructura criminal clandestina, compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad".

Este grupo llevó a cabo varias actividades delictivas, dice el fiscal en su escrito de acusación, entre ellas la ejecución de estos ocho presos, uno de los cuales fue asesinado en 2005 tras fugarse de la cárcel y los otros siete un año después en el asalto a otro centro penitenciario por parte de las fuerzas de seguridad.

El primer asesinato tuvo lugar el 3 de noviembre de 2005, unos días después de que se fugaran 19 presos de la cárcel de máxima seguridad "Infiernito", ante lo que se creó un equipo especial para buscar a los reos dentro del denominado "Plan Gavilán".

Los oficiales del equipo recibieron las órdenes de matar a los presos que se consiguiera capturar, como fue el caso de Edwin Santacruz Rodríguez, que fue detenido en una vivienda y trasladado a un punto de la carretera de Ciudad de Guatemala a Departamento de Zacapa.

Allí los agentes le interrogaron y grabaron sus palabras en vídeo. Luego cortaron la carretera para proceder a asesinarle con un arma de fuego envuelta en una tela cuando estaba en el asiento del copiloto de un coche.

Los policías condujeron entonces el vehículo hacia una pared y dispararon contra el automóvil para simular un enfrentamiento, tras lo que pusieron un kalashnikov entre las piernas del fallecido.

Otro de los hechos por los que se le juzga es el asesinato de siete presos en septiembre de 2006, cuando se elaboró un plan policial para retomar el control del centro penitenciario Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, que estaba tomada por un grupo de reclusos autodenominado "Comité de Orden y Disciplina".

El plan, llamado "Pavo Real", consistía en matar a los presos que lideraban ese grupo y fue autorizado por el presidente de la República como una estratagema para recuperar la gestión del centro, afirma el fiscal, que relata cómo el 25 de septiembre se declaró el estado de excepción para proceder al asalto del centro por parte de un dispositivo formado por 3.000 efectivos del Estado, tanquetas y helicópteros militares.

Durante el asalto, el equipo clandestino que tenía órdenes para matar a los presos líderes los ejecutó en diferentes puntos del recinto y luego encubrieron los asesinatos alterando la escena de los crímenes.

De esta manera, colocaron en los cuerpos de los ejecutados granadas de mano y un fusil sin capacidad de disparo para simular que murieron en un enfrentamiento con las autoridades, y también dispararon ráfagas contra lugares donde supuestamente se habían producido esos enfrentamientos.

Posteriormente, relata el fiscal, el Ministerio de Gobernación emitió un vídeo oficial que reconstruía los hechos con imágenes tomadas en el lugar, ocultando la realidad.

Por estos asesinatos, la Fiscalía pide para Vielmann 160 años de prisión (20 años por cada muerte, con un máximo de 40 años de cumplimiento efectivo) y también reclama que indemnice con 300.000 euros a cada uno de los familiares de los fallecidos.