Transparencia Internacional (TI) España ha presentado un paquete de 76 propuestas para las entidades financieras con el objetivo de evitar las malas prácticas y prevenir la corrupción, en un sector cuya reputación se ha visto muy deteriorada tras la crisis económica. Medidas que, según Jesús Lizcano, presidente de la ONG en nuestro país, "pueden propiciar un mayor acercamiento y nivel de confianza" de los ciudadanos en el sector.
El documento no solo se dirige a los bancos, también incluye recomendaciones para los organismos supervisores y reguladores, cuya "politización es preocupante", a juicio de Elena Herrero-Beaumont, del comité ejecutivo de TI-España.
En todo caso, como subrayó Herrero-Beaumont, muchas de las medidas dirigidas a incorporarse en el código ético de la banca, están siendo introducidas por los Estados a través de exigencias legales.
El documento está dividido en dos bloques: uno dedicado a la prevención y el combate contra la corrupción y las irregularidades, y otro a la promoción de las buenas prácticas y la protección de los clientes.
Refuerzo del Sepblac
De entre las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la organización propone que las entidades sean auditadas por el Servicio antiblanqueo (Sepblac), al menos, una vez cada dos años. También que se amplíe la plantilla de este organismo y que el nombramiento de su director se realice entre funcionarios independientes.
TI-España ve necesario limitar a la banca y a los operadores financieros actuar a través de sus filiales ubicadas en paraísos fiscales, estableciendo la obligación de facilitar información automática sobre sus clientes a las autoridades y extendiendo las obligaciones antiblanqueo a dichas filiales.
Asimismo, incluye la propuesta de gravar fiscalmente "de forma notable o más sustantiva" las operaciones que se realicen hacia o desde paraísos fiscales.
El documento reclama que las entidades hagan públicas sus políticas contra la corrupción y el Boletín Oficial del Estado y el Banco de España publiciten qué bancos han sido expedientados o sancionados por incumplimientos graves.
Además se apuesta porque el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros publiquen el número de reclamaciones de clientes de cada entidad financiera, así como el porcentaje de aquellas que se resolvieron a favor del ciudadano y de la entidad.
Un gobernador técnico
TI-España demanda que el gobernador del Banco de España y el resto de los integrantes de sus órganos de gobierno sean nombrado en base a criterios técnicos y no políticos. Y considera relevante que se vincule la actuación de la institución con los informes elaborados por los técnicos o, en su caso, que se explique por qué no se han cumplido dichas recomendaciones.
En relación con la retribución de sus directivos, destaca la propuesta de ligar la compensación de los directivos a un comportamiento ético, "contemplándose la supresión de los bonus en casos de malas prácticas o conductas ilícitas".
Por último, la ONG propone que se dé información pública sobre las políticas para prevenir la corrupción y sancionar las prácticas irregulares, así como potenciar los órganos de control interno para vigilar la bondad de los productos ofrecidos y atiendan y defiendan los intereses de los clientes.
