Los juristas expertos en el ámbito laboral destacan que los estímulos para lograr la estabilidad contractual "son inadecuados, están mal repartidos y funcionan mal". En este sentido, los laboralistas apuestan por el mantenimiento del contrato indefinido como modalidad ordinaria y típica del ordenamiento laboral, que proporcione esa fijeza en el empleo.
Es la conclusión del grupo de reflexión y debate de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide). Los especialistas, liderados por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, han presentado 55 conclusiones y recomendaciones para una reforma del marco laboral español.
Sostienen que, en todo caso, la ley ha de asegurar la existencia de contratos temporales "realmente causales" en función de las necesidades coyunturales de las empresas, y de contratos formativos. Los especialistas piden, de este modo, eliminar las fórmulas contractuales de carácter temporal acausal, precarias, inciertas y de coste en ningún caso inferior al que resultaría del devenir tradicional que espera a un contrato estable.
En este sentido, exigen "idemnizaciones disuasorias" contra la contratación temporal irregular. "Hay que tratar de manera diferenciada a la contratación temporal justificada de la que no lo está", añaden.
Resolver la relación
Los expertos alertan sobre el uso del despido disciplinario para ajustar el volumen de empleo, ocultando con frecuencia despidos económicos, lo que se conoce como falsa disciplinariedad. Apuntan que en el despido disciplinario improcedente caben diversas sancionadoras o resarcitorias en función de la inexistencia de causa o de su falta de acreditación, para encarecer su utilización. "Es preciso diseñar cauces funcionales y coherentes para el despido económico, modificando su actual regulación", explican.
Además, exigen que la normativa española clarifique los supuestos de nulidad del despido más allá de los despidos discriminatorios y lesivos de derechos fundamentales de los trabajadores. También apuntan que deben conciliarse las causas del despido objetivo individual con una nueva ordenación que atienda a la división del Derecho de la Unión Europea entre causas inherentes y no inherentes a la persona del trabajador, y con el procedimiento de su acreditación.
En todo caso, inisisten en la necesidad de un nuevo marco laboral general para la legislación española. En este sentido, destacan la necesidad de un pacto político y social. "La reforma precisa unos cambios sistemáticos y en profundidad de la regulación vigente, que se pretenden consensuados, claro, integrales y estables en sus líneas e instituciones básicas, lo que consideramos fundamental para la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores", aseguran.
A su juicio, "los interlocutores sociales han de asumir el papel protagonista que les corresponde, que es prioritario y fundamental para la eficacia de la ordenación legal y para aportar legitimidad social".