Los responsables de Tributos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y Cataluña coincidieron en exigir más recursos para mejorar la gestión y la recaudación, así como mayor autonomía para poder encontrar nuevas figuras impositivas. Así lo manifestaron en la mesa redonda Gestión y retos de los Impuestos Autonómicos, encuentro organizado por el Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Valencia el pasado jueves en la capital levantina.
El Consejo General de Economistas y los responsables autonómicos, además, reclamaron un nuevo sistema de financiación que aumente y equilibre los recursos a disposición de las comunidades. La reforma del sistema es uno de los grandes asuntos pendientes que debe abordar el nuevo Gobierno al comienzo de esta nueva legislatura.
En este sentido, Eduardo Roca, director general de Tributos de la Comunidad Valenciana, aseveró que las diferencias de financiación permiten que comunidades como Madrid puedan prescindir de figurar impositivas, como el impuesto de patrimonio, mientras que en otras regiones es imposible eliminar tal vía de recaudación.
Roca también subrayó la necesidad de invertir más y mejor en la "raquítica" administración tributaria valenciana, dado que presenta una ratio de más de 224.000 contribuyentes por cada inspector, mientras que la de la agencia estatal es de 19.000 ciudadanos. También reprochó el uso electoral que se ha hecho en algunas comunidades la capacidad normativa en materia tributaria.
Dificultades técnicas
El director general de Tributos de Castilla y León, José Agustín Manzano, lamentó las "dificultades técnicas" que encuentran las regiones para "recaudar los impuestos debido a la escasa dotación de medios de que disponen".
Reforzando este argumento, los ponentes también coincidieron en encontrar nuevas figuras impositivas autonómicas que no "choquen" contar la ley de unidad de mercado y puedan ser tachadas de discriminatorias.
El director general de Tributos andaluz, Diego Martínez López, en este punto, expuso que los impuestos autonómicos generan una elevada litigiosidad.
Marta Espasa, directora general de Tributos de Cataluña, expuso que, en su comunidad, mientras la gestión de los tributos cedidos representa el 15 por ciento de lo recaudado, la cesión del gasto público es del 33 por ciento. Abogó por un modelo en el que prime la "colaboración frente a la colisión".