España tiene los niveles de corrupción de Alemania, pero la percepción de la misma de Kósovo o Moldavia. Esta contradictoria conclusión es la que desprende el Barómetro Global de la Corrupción 2016, presentado ayer por Transparencia Internacional (TI). Así, un 66 por ciento de los ciudadanos cita la corrupción como uno de los tres mayores problemas del país y, sin embargo, sólo un 3 por ciento ha pagado un soborno en el último año.
Además, casi la mitad de los encuestados, asimismo, afirma que la corrupción ha empeorado en el último año. Solo el 15 por ciento cree que ha disminuido.
Políticos vs. funcionarios
La encuesta deja especialmente mal parada a la clase política frente a las Administraciones y los funcionarios, a quienes los españoles tienen en buena consideración.
En este sentido, el 55 por ciento piensa que los miembros del Gobierno están relacionados con la corrupción, y el 37 por ciento lo cree de los diputados y senadores. Sobre los ayuntamientos también se extiende la sombra de sospecha para uno de cada tres.
En el otro extremo, sólo uno de cada diez encuestados manifestó creer que policías, jueces o funcionarios fueran corruptos.
En el ámbito privado, los españoles también perciben prácticas irregulares: el 31 por ciento responde que los ejecutivos son corruptos.
España, según explica Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, participante en la elaboración del informe, es el país con unos datos "más contradictorios" entre percepción y realidad. Pero, ¿por qué? "Quizás porque la corrupción para los españoles no son sólo los sobornos, sino también las conexiones, los enchufes o el clientelismo", responde.
"Hay demasiados puestos de libre designación", añade Jesús Lizcano, presidente de TI-España, "aquí cuando cambia el Gobierno se mueven miles de cargos. En otros países solo son decenas".
Entre las recetas para mejorar estas cifras, TI reclama abordar un gran pacto entre las fuerzas políticas que reconozca la lucha contra la corrupción como un asunto de Estado, y mejorar la protección del denunciante.
El 35 por ciento de los encuestados asevera que no denuncia por miedo a las represalias. A pesar de ello, siete de cada diez considera que la actuación de ciudadanos normales puede influir decisivamente en acabar con esta lacra.