Empresario argentino pide a un juez el peritaje de las obras públicas del kirchnerismo

Buenos Aires, 2 nov (EFE).- El empresario Lázaro Báez, cercano al expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y detenido por presunto lavado de dinero, solicitó hoy a la Justicia que se realice una pericia de toda la obra pública nacional y provincial ejecutada entre 2003 y este año, informaron fuentes judiciales.

Mediante un escrito que entregó al juez Julián Ercolini y al que tuvo acceso Efe, el empresario del sector de la construcción negó las acusaciones que le imputa la Fiscalía y pidió que le sobresean de la causa que lo investiga por presunto fraude al Estado como principal adjudicatario de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Báez, estrecho colaborador de Kirchner y principal receptor de las concesiones de obra pública de la provincia sureña de Santa Cruz cuando el fallecido exmandatario era gobernador, está detenido desde abril por integrar presuntamente una red de lavado de dinero proveniente de las adjudicaciones que recibió de la Administración.

Para demostrar la falta de mérito de las acusaciones contra él, el empresario solicitó que se realice una pericia "amplia e integral" de toda la obra pública que se ejecutó tanto desde la provincia de Santa Cruz como desde el Gobierno nacional entre el 2003 y 2016.

Dentro de esa petición, Baéz solicita específicamente un "análisis comparativo entre los procesos de licitación en la provincia de Santa Cruz y los desarrollados en otras provincias y municipios del periodo en cuestión".

Insta al juez, a su vez, a que promueva un análisis de los costos de toda la obra pública en el territorio nacional, todo ello con el fin de que se dilucide si hubo sobreprecios en las adjudicaciones que recibió.

Además de a Báez, el juez federal Julián Ercolini citó esta semana a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), que negó el pasado lunes haber sido socia del constructor, y a Julio de Vido, el exministro que estuvo a cargo de la ejecución de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Después de personarse hoy ante Ercolini, Báez declaró también ante el juez Daniel Rafecas, quien lo había citado para que declarase como damnificado si fue presionado para guardar silencio en la causa del lavado de dinero, por la que permanece en prisión preventiva.

Esa otra causa está a cargo del juez Sebastián Casanello, a quien Báez acusó de haberlo metido en la cárcel a modo de amenaza.

Según precisó Rafecas a Efe, en esta ocasión el empresario no aportó nada relevante.