Las pequeñas y medianas empresas están obligadas a cambiar el criterio contable de sus fondos de comercio, que hasta ahora contaban con unos intangibles intemporales, pero que tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Auditoría en 2015, deben amortizarse para el ejercicio 2016, que está a punto de acabar.
El problema es que con el bloqueo institucional que ha supuesto la falta de Gobierno, el Real Decreto que regula esta operación se encuentra aún en fase de anteproyecto y a falta del visto bueno del Consejo de Ministros.
"Mañana se recibirá el texto en el Consejo de Estado y en tres semanas estará listo para ir al Consejo de Ministros. En el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno no creo que lo aborden, por lo que es posible que el Reglamento de las Cuentas anuales pase a 2017", afirmó ayer José Manuel Pérez Iglesias, subdirector general de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en el transcurso de su intervención en el XXIII Congreso Nacional de Auditoría, que se celebra en Málaga.
La norma ya es de obligado cumplimiento, porque se ha introducido en el Código de Comercio, aunque las empresas no contasen con este Real Decreto en vigor, ya tendrían que amortizar el fondo de comercio. No podría quedar ningún intangible con vida indefinida.
El problema para las empresas en la actualidad es cómo lo hacen, ya que se trata de una norma que supone la introducción de cambios sobre lo que se estaba haciendo. En ejercicios anteriores, requiere una disposición transitoria para acomodar las transacciones anteriores a los nuevos principios contables.
Exceso regulatorio
Para Pérez Iglesias, una de las alternativas razonables, a falta de criterio legislativo, para las entidades que tengan que usar el Plan General Contable es que acudiesen a la circular 4/2016, dirigida a las entidades bancarias, para saber cuál es la disposición transitoria, ya que se trata de una norma española, que debe ser respetuosa con el marco contable, por lo que puede ser natural acudir a la circular.
Y si bien este Real Decreto está aún sin aprobar, en el colectivo auditor se quejan de un exceso de regulación de su actividad. Así, Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), anunció ayer que propondrá al nuevo Gobierno un diálogo para eliminar los problemas que plantea la nueva Ley de Auditoría, que entró en vigor en 2015.
Alonso explicó que "tenemos una norma que no sabemos interpretar ni nosotros ni en Economía. Además, hay 34 conceptos claves que plantean serias dudas de interpretación. Tenemos problemas de traducción de la Directiva traspuesta por la Ley. Tenemos en vigor un Reglamento adaptado a la Ley antigua. Por ello, queremos empezar a trabajar para clarificarla. En cuanto haya Gobierno iremos a pedir que se cambie una Ley, que es muy mala y nos hace mucho daño".
Y el presidente del colectivo auditor continuó señalando que el primer problema es el informe del auditor, que en Europa hay dos distintos, uno para las grandes empresas y otro para las pymes. "Del Comité de Auditoría del ICAC han echado a los auditores, lo que es grave, porque los expedientes sancionadores salen de estos comités. Se ha creado indefensión y está en juego la aportación del juicio del profesional, que es algo que no podemos perder", concluyó Alonso.
