Una reforma integral de la Administración de Justicia -con modificaciones estructurales, procesales y tecnológicas- tras lograr un consenso político, con el objetivo de mejorar el servicio al ciudadano. Es, a grandes rasgos, la apuesta de futuro de los diferentes operadores jurídicos. Coinciden en la necesidad de cambiar el sistema para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida que mejorará, a su juicio, la transparencia y la percepción de la independencia judicial por parte de los ciudadanos.
"Es un problema de percepción, no de independencia real, que estoy convencido de que la hay", subrayó ayer el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que asistió al foro sobre La Reforma de la Justicia, en el aniversario del medio digital El Español. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, coincidió con el ministro y defendió la independencia de todos los jueces.
Sin embargo, tanto ellos como el resto de operadores jurídicos que intervinieron en el acto, urgieron una profunda reforma "sin mañaneos", según apuntó el ministro Catalá. "Pongámonos de acuerdo. Si lo conseguimos, ofreceremos una Justicia de calidad que se configurará como un factor primordial de la prosperidad de España", añadió Lesmes.
Nombramiento de jueces
Catalá destacó que "ya hemos propuesto que se cambie el proceso de elección de los miembros del CGPJ, ya que esa percepción social de mala independencia está vinculada a esta sistema". En este sentido, Lesmes reconoció que "hay una excesiva discrecionalidad" en los nombramientos judiciales que realiza el Poder Judicial. Sin embargo, recordó que el porcentaje total de jueces que elige el CGPJ es muy bajo respecto al total de jueces que hay en España.
"Tenemos que acabar con el mito de los nombramientos", insistió Lesmes. El presidente del Supremo explicó que se deberían tener en cuenta más cuestiones a la hora de nombrar jueces. "No podemos mantener el requisito único de los 15 años de ejercicio", concluyó.
El presidente del Consejo General de los Procuradores, Juan Carlos Estévez, coincide con Catalá y Lesmes y rechaza que haya un problema real de politización de la Justicia, pero aprecia una apariencia por parte de la sociedad, en la medida en cómo se eligen a los vocales del CGPJ. Por ello, propone que los propios operadores escojan a sus vocales. "Así, no eligen las Cámaras, sino las profesiones, por lo que queda despolitizado", señaló. En todo caso, Estévez manifestó la necesidad de adaptarse a la Justicia Digital. De este modo, pidió armonizar los diferentes sistemas telemáticos que tienen las Comunidades Autónomas. "Lo más difícil es poner de acuerdo a los distintos programas autonómicos", indicó.
Cambio estructural y procesal
Entre las medidas de futuro propuestas por los diferentes ponentes, la reforma de la planta judicial fue uno de los puntos más incisivos. Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, apuntó a la descompensación de cargas entre juzgados. "Hay muchos atascados, mientras otros podrían resolver muchos más asuntos", explicó. "Lo más urgente es aumentar el número de jueces, aún hay promociones sin destino fijo", expresó.
En cuanto al Ministerio Fiscal, Eduardo Fungairiño, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, apostó por un control más férreo del Parlamento a la Fiscalía. "El Congreso debería tener una intervención ante un posible cese de fiscal y exigir una mayoría reforzada", afirmó Fungairiño.
Por su parte, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, subrayó la importancia de los medios en los juzgados. "Queremos aquello que necesitamos, y ya lo utilizaremos nosotros con inteligencia", señaló. Lara apeló al "talento" de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia y exigió que se cuente con ellos para "lograr los objetivos de oralidad y la inmediación", concluyó.
