El Tribunal de Cuentas elevó hasta 63 millones de euros las reclamaciones por mala gestión de dinero público en el año 2015. Esta cantidad es resultado de los procedimientos de reintegro por alcance, el mecanismo que tramita la institución para exigir responsabilidades por deudas injustificadas o falta de motivación de las cuentas a las personas que tienen a su cargo el manejo de fondos públicos.
Así, el dinero demandado a través de estos procedimientos de responsabilidad contable ha experimentado un crecimiento del 330 por ciento con respecto al ejercicio de 2014, en el que ascendió a 14,7 millones de euros. En 2013, por su parte, el Tribunal reclamó casi 16,9 millones de euros.
Según los datos contenidos en la Memoria de la institución correspondiente a 2015, también se incrementó el número de procedimientos. Las actuaciones previas ingresadas -la fase instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance- pasaron de 300 a 391. Las actas de liquidación provisional -en las que se cuantifica el perjuicio a los fondos públicos y se identifica a los presuntos responsables- ascendieron de 331 a 401.
Por ámbitos administrativos, de las 391 actuaciones previas en 2015, 97 correspondieron al sector público estatal, con una cuantía de casi un millón y medio de euros; 160 al autonómico, con una cantidad reclamada de casi 50 millones de euros; y, finalmente, 134 al local, con 11,7 millones.
Actividad jurisdiccional
El enjuiciamiento contable se encuadra dentro de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, que incluye también la supervisión de personas o entidades que reciben subvenciones, avales, créditos u otras ayudas.
La Sección de Enjuiciamiento, encargada de esta actividad, tramitó el año pasado 512 diligencias preliminares y 27 acciones públicas tras apreciarse indicios de presuntas responsabilidades contables.
En términos globales, la Sección ha resuelto 1.389 asuntos, un 21,5 por ciento más que en 2014, cuando tramitó 1.143 expedientes.
Además, a pesar de que el número de asuntos ingresados aumentó -1.379-, se redujeron los expedientes de la función jurisdiccional pendientes: de los 705 que había a finales de 2014, hasta los 695 que había un año más tarde.
Fiscalización
La función de fiscalización del organismo también experimentó un "notable incremento", según la propia Memoria, que reconoce a una mejora de las instituciones en el cumplimiento de su obligación de rendir cuentas sobre los programas de ingreso y gasto, así como de los expedientes y contratos celebrados.
Así, en el sector público estatal el porcentaje de cuentas entregadas alcanza el 95 por ciento: 396 fueron rendidas y 22 no lo fueron. En 2014 fue el 94 por ciento. El sector público autonómico ha pasado del 77 por ciento en 2014 al 85 por ciento el año pasado. El loca, por su parte, ascendió del 72 al 76 por ciento.
Además, en ejercicio de su actividad de control, el Tribunal aprobó 62 informes -siete más que un año antes, con 55-.
Transparencia
La Memoria también destaca el sometimiento de la institución a una Revisión entre Pares, un examen de sus procedimientos, contabilidad y funcionamiento a cargo del Tribunal de Cuentas de Portugal y el Europeo, así como la incorporación al Portal de Transparencia de información relativa a su organización, presupuesto, etc.
"Sentíamos el deber moral de rendir cuentas a la sociedad y queríamos ser coherentes con esa demanda de transparencia y colaboración que realizamos a las entidades del sector público", explica en presidente del organismo, Ramón Álvarez de Miranda, que subraya esta rendición de cuentas como el acontecimiento más "especial" de la actividad del año pasado, después del escándalo destapado en 2014 de la contratación en la plantilla del Tribunal de familiares de altos cargos públicos.