El Consejo de Ministro aprobó ayer una excepción a la Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de julio por la que se regulaban las operaciones de cierre de ejercicio relativas al presupuesto de gasto, para la tramitación de tres contratos de suministro y encomienda relacionados con la implantación de la Justicia digital.
La decisión, adoptada a propuesta del ministro Rafael Catalá, busca cumplir con los plazos previstos en el proceso de desarrollo de las comunicaciones electrónicas con los organismos judiciales. En total, la partida destinada a estos tres contratos asciende a 450.000 euros.
Sistema de antivirus
El primero de ellos consiste en una encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para el suministro de tarjetas criptográficas, y la presentación de servicios técnicos y de seguridad para la certificación de la firma electrónica. El importe estimado de esta encomienda asciende a algo más de 137.000 euros.
El segundo de ellos, con un gasto cercano a 245.000 euros, está compuesto por un paquete de medidas de seguridad para detectar, prevenir y proteger las estructura de las comunicaciones telemáticas ante los posibles ataques.
Finalmente, el tercer contrato incluye el suministro de un sistema antivirus para la defensa de los equipos de las dependencias judiciales, que permita defenderlos de cualquier tipo de intrusión externa o de cualquier irrupción forzada en el sistema. La partida destinada para este servicio es de casi 73.000 euros.
El papel cero en la Justicia es obligatorio desde el 1 de enero. Un cambio que no ha estado exento de dificultades y críticas.