El Ayuntamiento pedirá a la Comunidad la nulidad de la venta de viviendas de EMVS

Madrid, 12 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid pedirá a la comisión asesora jurídica de la Comunidad la "nulidad radical" del proceso de venta de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) realizada entre 2012 y 2013 al grupo Fidere, tras las "irregularidades" detectadas por la Cámara de Cuentas.

El organismo cuestionó esta operación el pasado mes de abril en un informe provisional por no respetar las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos.

En concreto, alertó de la venta de 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha anunciado hoy en una rueda de prensa la batería de medidas legales que ha previsto el Ayuntamiento para tratar de solucionar la situación de las personas afectadas por esta venta.

Entre ellas, destaca la petición de la "nulidad radical" de la venta, para lo que es "preceptivo y vinculante" el dictamen favorable de comisión asesora jurídica asesora de la Comunidad de Madrid (que asumió las funciones del Consejo Consultivo tras su supresión).

"No puedo pensar que ante el cúmulo de irregularidades que se detallan en la Cámara de Cuentas(...) la Comunidad de Madrid nos dijera que no", ha comentado la también delegada de equidad, Derechos Sociales y Empleo, que preside actualmente la EMVS.

Higueras ha defendido esta nulidad -que el Ayuntamiento solicitará en un plazo máximo de diez días- por la "inexistencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido": "Hubo alguna apariencia de procedimiento (...) pero no es un procedimiento como exige la Ley", ha añadido.

Ha explicado que esta petición inicial sólo afecta a la preparación y adjudicación del procedimiento, pero no a la contratación y resolución de la misma, cuya nulidad habría que perseguir a continuación a través de un procedimiento civil que podría prolongarse "entre ocho y diez años".

Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría que pagar 30 millones de euros por las costas judiciales.

En cambio, si finalmente se determinara la nulidad, las viviendas adquiridas por Fidere pasarían a la EMVS, que tendría que devolver al grupo el importe de la venta más los daños y perjuicios, una cantidad total que todavía no pueden precisar desde el Ayuntamiento pero que sería "muy superior" a los 30 millones.

"Con un procedimiento judicial nunca se está seguro, creemos que tenemos todos los elementos en nuestra mano para que eso se lleve adelante (...) otra cosa es si una vez que llegue el momento le compense al Ayuntamiento hacerlo o no", ha dicho Higueras, que ha comentado que llegado el caso podría compensar la compra de nuevas viviendas para la EMVS.

Si antes de iniciar el procedimiento civil la Comunidad de Madrid no decretase la nulidad de la venta de viviendas, el Ayuntamiento se ha planteado la opción de pedir la "anulabilidad" del procedimiento, para lo que tiene de plazo hasta junio de 2017.

"Es intentar lo mismo pero por unos cauces más complicados (...) con varios tribunales y jurisdicciones por medio", ha explicado la alcaldesa en funciones.

De forma paralela a estas opciones, el Ayuntamiento de Madrid contempla otras herramientas judiciales.

Si la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS solicita la reapertura de la querella, el actual Gobierno municipal se unirá a la misma y se personará en el procedimiento para exigir la responsabilidad contable de todas las personas que permitieron esta operación, más allá del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé.

En el caso contrario, el Ayuntamiento pondrá todas las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía e instará para que se ejercite la acción penal.

Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras ha recordado que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos.

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determinaba que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación, ha sido remitido por este organismo a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que debe analizar si hubo irregularidades económicas en el proceso.

Higueras ha defendido la actuación del Ayuntamiento al asegurar que hasta que no tuvieron este informe definitivo, el pasado 30 de junio, "no se podía hacer mucho más".