PSPV acusa a Urdangarin, Torres y Grau de malversar el dinero de los valencianos

Palma, 16 jun (EFE).- El grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, que ejerce la acusación popular en el juicio de Nóos, considera que Iñaki Urdangarin, Diego Torres y el exvicealcalde Alfonso Grau idearon "una estrategia delictiva" para "gastarse el dinero de los valencianos" sin justificarlo y que lo malversaron.

En su informe final ante el tribunal de Nóos, el letrado del PSPV, Francisco de Antonio, ha asegurado que en los acuerdos entre la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB) y el Instituto Noos se ha producido "una disposición irregular de fondos públicos y su posterior malversación".

Las administraciones valencianas, a través de la FTVCB y CACSA, destinaron unos 3,2 millones de euros a financiar las cumbres.

El letrado de los socialistas considera acreditado que los tres acusados, para quienes pide una condena de 11 años para cada uno, han ideado "una estrategia delictiva con el fin de gastarse el dinero de los valencianos, dinero público, sin justificarlo y con fines meramente privados", aunque intenten revestirlo como un patrocinio, una donación modal o una colaboración.

Cree que hubo malversación al no existir beneficio para Valencia en forma de repercusión. Ha recordado que el propio expresidente de la Generalitat Francisco Camps, admitió en su declaración como testigo ante el tribunal que, cuando fue en 2005 al Valencia Summit, no sabía lo que era, aunque ya lo había inaugurado en 2004.

"Si el señor presidente de la Generalitat Valenciana no sabia qué era el Valencia Summit, háganse idea de la repercusión que tuvo en la ciudad", ha dicho de Antonio.

En cuando a la prevaricación, la considera acreditada porque hubo "un acuerdo de voluntades" para acceder a los fondos públicos y además hubo fraude porque los hechos nacieron de un acuerdo verbal entre Nóos y Grau, y el instituto empezó a trabajar en el primer evento incluso antes de que se firmara el convenio y se articulara la fórmula administrativa.

Cree que mediante los acuerdos para organizar los tres Valencia Summit, de 2004 a 2006, hubo "una evidente fuga de dinero público en fraude de ley" desde la FTVCB, que considera una entidad pública porque está financiada mayoritariamente con cargo a los presupuestos del ayuntamiento.

De Antonio ha enumerado irregularidades como que no se abrió ningún procedimiento de contratación, ni se investigó la solvencia de Nóos, ni se cotejaron precios de mercado, ni se solicitó un informe jurídico respeto a la legalidad de la contratación y el procedimiento elegido, algo que considera "un atentado a los principios que deben regir el uso de fondos públicos de publicidad y concurrencia".

El letrado ha recordado que el Instituto Nóos no justificó los gastos ante la fundación y luego dicha entidad tampoco los acreditó ante la Concejalía de Turismo del consistorio. "Si el Ayuntamiento tiene que justificar sus gastos, cómo puede ser que una fundación no tenga que hacerlo", se ha preguntado el abogado.

Ha destacado además que Torres y Urdangarin, "con la careta de entidad sin ánimo de lucro", presentaron facturas falsas de los eventos.

Como responsable económico y de los presupuestos en el consistorio, el letrado considera que era Grau quien decidía qué dinero se concedía a la Concejalía de Turismo y también lo transferido a la fundación.

Como actor civil, en reclamación del daño económico causado a la Comunitat Valenciana, el letrado de la Abogacía Miguel Ángel Cervera ha señalado que los fondos utilizados por CACSA para los Valencia Summit eran "dinero de la Hacienda Pública de la Generalitat".

"Presentarse ante un ente público bajo la vestidura de una asociación para conseguir fondos públicos y luego derivarlos a un patrimonio personal es el dolo civil, puesto que existe una maquinación insidiosa de una de las partes para obtener un lucro que no habría salido del presupuesto público si hubiéramos sabido que iba destinado a enriquecer los patrimonios de Iñaki Urdangarin y Diego Torres", ha asegurado en su informe final.

Reclama a Urdangarin, Torres y el exsecretario de Turismo, Luis Lobón, 1.566.000 euros. Al exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) José Manuel Aguilar le reclama 522.000 euros por el Valencia Summit de 2004; y a los ex directores generales de CACSA Jorge Vela y Elisa Maldonado, 1.044.000 euros, por los de 2005 y 2006.

Del proyecto de Juegos Europeos, considera responsables civiles a Urdangarin y Torres por 380.000 euros.