Los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, rechazan que se abra la vía a la revisión de oficio de cualquier resolución que aún se encuentre en trámite. Los letrados aseguran que las competencias de las que les dotó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial son constitucionales y alertan de dilaciones en los procedimientos si se aplica este supuesto.
En este sentido, recuerdan la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que rechaza que los letrados judiciales puedan responder a los recursos sobre señalamientos. "No entendemos como desde una diligencia de ordenación que aplica un criterio expresamente impuesto por los jueces y magistrados, se puede llegar a enjuiciar todo el proceso de reformas legales de los últimos años, plasmado en la LOPJ y en las leyes procesales", sostienen. A su juicio, el fallo del Tribunal Constitucional "contiene importantes imprecisiones, genera dudas de todo tipo y abre la puerta a una cadena infinita de recursos".
Es la conclusión a la que llegaron ayer tras la clausura de las XXX Jornadas de la Fe Pública Judicial, en Málaga. José Luis Santos, vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, agradeció a sus compañeros malagueños el "enorme esfuerzo" por la organización del evento, que calificó de "todo un éxito". La ciudad acogió a más de 300 letrados de Justicia de toda España. La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, fue la encarga de cerrar el congreso, que inauguró el ministro, Rafael Catalá, el pasado jueves.
Por otra parte, reivindican su función de coordinación de diferentes Administraciones y colectivos con los órganos de la Administración de Justicia, en relación al reciente proceso de revisión de causas penales. "Debemos conocer el estado de tramitación de los asuntos pendientes en la Oficina Judicial, y así lo hacemos con absoluta pulcritud", señalan. En este sentido, entienden que "el Ministerio Fiscal debe conocer el estado de las causas en las que interviene".
Además, la violencia de género es otro de los asuntos que abordaron durante las jornadas. "Para la víctima, el procedimiento es muy duro y complejo", aseguran. Por ello, subrayan la importancia del apoyo a las afectadas. "Necesitan sentirse informadas, apoyadas, creídas y protegidas por el órgano judicial y por las instituciones", añaden
En este sentido, recuerdan que "tenemos la obligación de informar de sus derechos a la víctima y de todas las vicisitudes que puedan afectar a su seguridad personal, según el Estatuto de la Víctima". También, muestran su apoyo a las acciones y actividades del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, y de su presidenta Ángeles Carmona, quien también intervino en las jornadas.
"El expediente judicial electrónico ha de suponer un cambio de concepción radical del modelo de la Administración de Justicia, ya que acabará llevando a un rediseño funcional del procedimiento, con simplificación y acortamiento de trámites y plazos", concluyen.
