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La Fiscalía cumple el plazo de Justicia para clasificar las causas penales

  • La LeCrim marcaba el fin de procedimiento para ayer
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés. EFE

La coordinación entre los juzgados y las fiscalías ha funcionado y fruto de ello es que se han clasificado 302.132 causas pendientes como sencillas o complejas, para ajustarlas a los plazos máximos de tramitación, de seis y 18 meses, que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, explicó ayer que el pasado 1 de junio, el 4 por ciento de la cantidad total de procedimientos, unos 12.000 seguía aún pendiente de ser revisado según los datos aportados por la Fiscalía, que dictó una instrucción la pasada semana para que el análisis se realizara en bloque, sin entrar a analizar el contenido de las últimas sentencias remitidas por los juzgados.

Más allá de un simple trámite

Por ello, aseguró en diversas ocasiones de su intervención ante los periodistas, que "la actuación de los fiscales no se ha limitado a una mera clasificación de las causas entre complejas y no complejas, sino que se ha aprovechado para poner al día los procedimientos, pedir nuevas diligencias o archivos, por lo que la experiencia ha sido muy positiva".

Por ello, agradeció el "esfuerzo, compromiso y voluntad de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia por cumplir el mandato legal".

El ministro, sin embargo, ha reconocido que desconocía cuántos de estos procedimientos se han calificado como complejos y se ha remitido a los datos facilitados hace unos días por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que las cifró en un 30 por ciento del total frente a un 70 por ciento calificadas como sencillas.

Catalá ha recordado que la reforma está dirigida a avanzar en una justicia más rápida y que por ello se suprimieron las faltas -que pasaron al ámbito administrativo- y los atestados sin autor conocido, que no se remiten a los juzgados. Esta reducción supone más de 2,5 millones de asuntos. Así, de las 442.000 causas que se estimaron al principio del procedimiento, la eliminación de los atestados sin autor conocido, que se archivaban automáticamente en los juzgados hasta que la policía tuviese conocimiento de quien fue el delincuente, supusieron la retirada de 40.000 expedientes.

Estas causas, por ejemplo, se refieren a los asaltos en la calle en los que la víctima desconoce el agresor. Hasta la entrada en vigor hace seis meses de la LECrim la Policía los remitía a los Juzgados para su archivo hasta que hubiese novedades, pero ahora no se envían hasta que no se conoce al autor.

Ante las críticas recibidas desde diversos colectivos profesionales que hablaban de baja calidad en las calificaciones y de que existe un número indeterminado de causas que se han quedado perdidas, afirmó Catalá con rotundidad que "me resulta inimaginable que un juez que investigue delitos contra la corrupción en España deje que la causa se quede en un armario y se archive por no haberla calificarlo de compleja. Me parece gravísimo que se diga y no por la descalificación de la ley, sino por descalificación de los profesionales", insistió.

Además, explicó que los tipos delictivos que se consideran corrupción, no superan, más o menos el 0,29 por ciento del total, si bien ha reconocido que carece de datos y que la cifra que maneja proviene de la Memoria de la Fiscalía, cuya última edición incluye datos de 2014.

Los datos de clasificación de causas no han sido recabados por el Ministerio de Justicia, sino por juzgados y fiscalías. Por ello, ante las insistencia de los periodistas, Catalá reconoció que no puede certificar que el número de causas pendientes de clasificación sea de cero, para insistir a continuación en su confianza en los profesionales.

Refuerzos de personal

Para llevar a efecto este procedimiento, se han puesto en marcha 80 fiscales de refuerzo, 117 funcionarios entre refuerzos y prolongaciones, lo que ha supuesto un coste extraordinario de 1,7 millones de euros pagados con cargo al Presupuesto del Ministerio de Justicia.

El mayor número de causas pendientes a la entrada en vigor de la LECrim era de 71.143 en Andalucía, que pasó a ser de 3.722 el pasado 1 de junio de 2016. Le siguieron Cataluña con 42.949 - 1.708 el 1 de junio-; Madrid con 28.067 -1.123 -; Comunidad Valenciana con 26.857 -742-; y Galicia con 21.295 -1.197 el 1 de junio- La Audiencia Nacional han sido revisadas las 597 causas que hay pendientes en dicho órgano, y que todas ellas han sido declaradas complejas.

Catalá lamentó que las críticas realizadas desde diversos ámbitos de la judicatura y los partidos políticos hayan "olvidado" que el PSOE en su última legislatura en el Gobierno, con Francisco Caamaño como ministro de Justicia, elaboró un proyecto de LECrim, que también incluía plazos de instrucción y que podría haber tenido los mismos efectos de los que se ha acusado a la actual norma.

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Comentarios 1

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Abder
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Perfecto, ha sido muy fácil, todas las causas son complejas, gran triunfo ministro, estamos donde estábamos gracias a los profesionales que con su decisión te han dado por donde amargan los pepinos.

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