Fiscalía, a favor de tramitar la recusación del juez de la Audiencia Nacional De Prada en dos causas de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado a favor de tramitar la petición formulada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) que, en dos incidentes de recusación contra el magistrado José Ricardo de Prada en las causas sobre PCTV-ANV y el etarra Jorge Olaiz, acusado de intentar asesinar al exconcejal de UPN Miguel Ángel Ruiz Langarica, después de que el juez dijera en un acto celebrado en Tolosa que en España se ha practicado la tortura de forma "clara".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La asociación acusa al juez de utilizar durante su intervención un lenguaje "similar al usado por los presos y el resto del colectivo de ETA", así como el empleado por los abogados que prestan asistencia jurídica a los miembros de la banda terrorista. Unas expresiones que, a su juicio, "no le sitúan en una posición ajena a los intereses en juego".

La AVT critica que el magistrado expresara también que la Ley ha derogado derechos fundamentales, en referencia a la detención incomunicada, y pone de relieve que esta situación ha sido "avalada" por los "más altos tribunales", por lo que sus opiniones "comprometen seriamente su imparcialidad".

El nuevo presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, trasladó también sus quejas sobre esta cuestión al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, después de haber presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De Prada hizo estas afirmaciones el pasado 14 de abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa en un acto en el que estuvo acompañado por el abogado de etarras, Iñigo Iruin. "La tortura se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho, dijo el juez, según la crónica publicada por el diario 'Gara' bajo el título "El juez De Prada desnuda a la AN".

En sendos escritos a los que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público no aprecia "ninguna causa de inadmisión" de la demanda de la asociación de víctimas y acepta incoar una pieza separada para estudiar la recusación.