La Cicig ha tenido resultados importantes pero irregulares y aislados en ocho años

Guatemala, 26 abr (EFE).- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas creado en 2007 que empezó a operar en 2008, ha tenido durante estos ocho años de labor resultados importantes, aunque "crónicamente irregulares y a menudo asilados".

Así se desprende del informe "Contra todos los pronósticos: la Cicig en Guatemala", un documento realizado por un grupo de expertos independientes para la Open Society Justice Initiative (Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta) que fue presentado hoy en un hotel de la capital guatemalteca.

Durante este tiempo de trabajo, el ente, "un experimento novedoso sin una hoja de ruta definida", buscaba con su capacidad promover un cambio en el sector judicial del país, aunque de manera incierta, "dada la imposibilidad de procesar causas de manera independiente".

Debido a todos estos factores, señala el documento, la Cicig tuvo dificultades para organizar e implementar una estrategia que le permitiera responder a la resistencia a su labor, y estos obstáculos provenían, principalmente, "del sector judicial, el Congreso y diferentes actores políticos y económicos que protegían intereses que ahora se verían amenazados".

El primer comisionado de la Cicig, el español Carlos Castresana, afrontó "enormes desafíos" por empezar "desde cero", además de tener que hacer frente a la "resistencia de fiscales y jueces" mientras orientaba a la Comisión en sus primeras investigaciones.

Aún así, la resolución "espectacular" del caso del abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el 10 de mayo de 2009 tras dejar un vídeo grabado en el que apuntaba como culpables a las más altas esferas del Gobierno de entonces en Guatemala, fue hito importante de Castresana.

Nueve meses después del crimen, la Cicig estableció que el abogado planeó su propia muerte y exculpó al entonces presidente Álvaro Colom.

Tiempo después el ente también participó en la acusación contra el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), condenado a cinco años y diez meses de prisión en Estados Unidos por conspirar para cometer lavado de dinero por 2,5 millones de dólares.

Tras la renuncia de Castresana en 2010, que ya tenía en su contra una creciente lista de opositores, llegó el costarricense Francisco Dall'Anese, un hombre que bajó el perfil mediático de la institución y provocó que esta deambulara "sin relevancia", un factor que también lo abocó a dimitir en 2013.

"No obstante, la comisión ha tenido resultados importantes, si bien crónicamente irregulares y a menudo aislados, durante gran parte de sus ocho años de existencia en Guatemala. Estos resultados mejoraron de modo drástico en 2015", agrega el documento, haciendo así referencia a la época dorada del abogado colombiano Iván Velásquez, que tomó las riendas de la Cicig en 2013, "en su punto más bajo".

Velásquez, explica el escrito, enderezó el "rumbo incierto" de la Cicig y desarrolló una nueva estrategia que tuvo sus frutos con grandes casos de corrupción en los que estaban implicados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos funcionarios.

La Cicig, un ente de la ONU creado en 2007, se financia exclusivamente por la comunidad internacional y tiene como fin principal investigar las estructuras criminales que operan dentro del Estado de Guatemala.

En estos ochos años de trabajo, ha habido cuatro Presidencias distintas en Guatemala y los tres comisionados de la Cicig durante este tiempo respondieron a las necesidades con "una estrategia" diferente pero "coherente" para implementar el mandato.

Precisamente al analizar la historia de la Cicig, la fiscal actual, Thelma Aldana, dijo que sin la creación de este ente probablemente ahora "estuviéramos ante un Estado fallido".

"El informe contra todos los pronósticos nos hace reflexionar, yo le hubiera llamado contra todos los obstáculos", concluyó.