
Madrid, 20 abr (EFE).- Los principales sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil han criticado hoy las declaraciones del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada en las que aseguró que en España se han producido torturas y las consideran fuera de lugar en el actual Estado de Derecho.
Los portavoces de los sindicatos policiales SUP y UFP y de las asociaciones de la Guardia Civil AUGC y AEGC se han referido así, en declaraciones a Efe, a las palabras dichas el pasado día 14 en un foro del Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa) por el magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, según publicó el día 15 el diario Naiz y recoge hoy ABC.
En ese encuentro el juez afirmó que en España "la tortura se ha producido de manera clara" y él ha vivido casos de "sospecha fuerte" en los que "los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho".
También censuró que la Audiencia Nacional "haga política criminal abiertamente cuando no le correspondería hacerlo" y criticó el valor que se da actualmente en los procesos judiciales a las declaraciones de los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
El portavoz del sindicato mayoritario en la Policía (SUP), Javier Esteve, ha sostenido que hoy disfrutamos de un "sistema totalmente democrático" en el que "existen canales para evitar casos de tortura" y "no se puede decir que vivimos en un Estado de tortura o represión".
"¿La tortura existe? Sí. Pero ¿de manera generalizada? No", ha precisado Esteve, que ha defendido que "hay que ir a los números y ver cuántas de las denuncias de tortura acaban con una sentencia condenatoria firme", algo que "no se conoce habitualmente", a pesar de que los medios suelen publicar estos casos.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía ha considerado que las palabras del juez Jose Ricardo de Prada tienen que ser contextualizadas en el pasado, ya que "en la historia de España sí hubo torturas", incluidos los GAL.
Desde la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito ha asegurado que "la Policía ni tortura ni ha torturado" desde que es democrática.
Ha afirmado que si este juez tuvo constancia de torturas "tenía la obligación de denunciarlo y perseguirlo" y "si no lo hizo será porque no existieron", por lo que solo puede pensar que "se trata de una salida de tono de una persona que busca tener algún tipo de publicidad o que tiene pendiente alguna venganza".
En las misma línea, Juan Fernández, responsable de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha dicho que las declaraciones del juez están "muy fuera de lugar" porque "el Estado de Derecho está dotado de suficientes herramientas para que se garanticen los derechos de los ciudadanos, también los detenidos".
Ha defendido que el magistrado debería haber denunciado los casos de tortura de los que supuestamente tuvo conocimiento y no entiende por qué lo desvela ahora.
Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), José Cobo ha criticado que el magistrado dijera al inicio del foro que intervenía "a título particular o como ciudadano", ya que no deja de ser "un magistrado que representa a la Audiencia Nacional", y ha criticado que lance esa acusación sin aportar datos.
"Es una declaración muy gratuita que igual busca populismo, porque, si no, no se entiende", ha aseverado Cobo.
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