En los últimos años, Estados Unidos ha llevado a cabo un acercamiento histórico a Cuba. Este proceso, aparentemente prometedor, puede conferir una ventaja competitiva sin precedentes a nivel mundial a la comunidad jurídica española, en general, y a la comunidad arbitral española, en particular.
Debemos tener claras varias ideas sobre las actividades económicas que tanto personas físicas como jurídicas pueden llevar a cabo en la isla. La primera idea involucra directamente a los ciudadanos estadounidenses. Para ellos el tráfico económico con la isla está absolutamente restringido. A día de hoy las leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996 sancionan a todo nacional estadounidense que mantenga relaciones económicas con la isla. Entre las dos leyes establecen una tupida red que persigue toda actividad independientemente de que se materializa a través de filiales o desde terceros países.
Sin embargo, la administración Obama ha atacado frontalmente esas disposiciones criticando abiertamente el bloqueo comercial a la isla. Además, al amparo del Congreso ha surgido una iniciativa, constituida por miembros de los dos partidos, denominada Engage Cuba que está presionando, aunque más moderadamente, en la misma dirección que el presidente.
Así las cosas, las perspectivas son sumamente halagüeñas. Ahora bien, de cara a esa apertura al mercado cubano y con carácter previo a la derogación de esas dos leyes, a Cuba se le exige una apertura a la actividad económica extranjera así como una mayor transparencia y protección de los derechos humanos -sufragio, libertades individuales, libertad de prensa, etc.-. Para el próximo abril se ha convocado el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba y en él deberán tratarse estos asuntos. De las resoluciones que se adopten dependerá la viabilidad del proceso de apertura y la velocidad de su avance.
Ante ese previsible despegue de las relaciones entre empresas cubanas y estadounidenses, la búsqueda de instituciones para la resolución de conflictos será necesaria. Dos candidatas ya están en el escenario: la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional y la Corte de la Cámara de Comercio Internacional en París.
La primera de ellas es la corte de referencia para las empresas cubanas. Desde la creación de la corte por el Decreto Ley 250/2007 su funcionamiento está siendo aparentemente satisfactorio. En los procedimientos sometidos al reglamento de esta corte, los árbitros deben designarse de los 21 candidatos del roster de la Corte. Esos árbitros, si bien son sustituidos cada dos años, son nombrados por el presidente de la Cámara de Comercio, cuya independencia es dudosa. Además, es previsible que las empresas norteamericanas traten de aplicar un forum shoping y evitar cualquier institución en la que el Estado Cubano pueda tener influencia directa.
La otra candidata, la CCI de París, es la corte a la que el modelo de los APPRIs cubanos someten las controversias. Dado que cuba no es signataria del Convenio Ciadi, sus APPRIs someten el litigio a un arbitraje institucional administrado por la Corte Parisina.
Junto a estos dos candidatos, España debe salir también al escenario. Las instituciones arbitrales españolas, así como los profesionales de la materia pueden resultar terceros idóneos para dirimir disputas entre empresas cubanas y estadounidenses. Nuestro país comparte con Cuba la cultura y el idioma. Con Estados Unidos compartimos, además de la economía de mercado, puntos de vista comunes ante numerosos conflictos a nivel mundial, además de coincidir en la mayoría de organizaciones internacionales como aliados.
Además de esta posición intermedia común, España tiene otros puntos fuertes que hacen de ella una candidata idónea. Por un lado, y a corto plazo, el sector hotelero y el de las materias primas son los principales nichos de inversión en la isla. Por lo general, aquellos sectores económicos cubanos que generan divisas -turismo, níquel, tabaco, biotecnología, azúcar, etc.- pueden disponer de parte de sus ingresos en divisas, por lo que estos sectores cuentan con una cierta autonomía financiera que mejora sus posibilidades de compra en el exterior. Ello los hace más susceptibles de experimentar una expansión en el corto plazo. Por otro lado, la experiencia de la Zona Especial de Desarrollo Mariel ha demostrado que la construcción de infraestructuras es otro sector con gran proyección en la isla. No obstante, su despegue parece requerir aún reformas económicas más profundas que amplíen la situación económica de Mariel al resto o parte de la isla.
Así pues, España cuenta con grandes expertos en los principales sectores cuya expansión resulta más previsible en Cuba. Debemos tener en cuenta que los grupos empresariales españoles son punteros a nivel mundial en esas materias, lo que ha permitido a los juristas españoles adquirir una vasta experiencia en esos sectores en general y en su desarrollo en Latinoamérica en particular.
En definitiva, los operadores jurídicos y los árbitros españoles cuentan con gran experiencia en los sectores que comenzarán a bullir en el momento en que Cuba se abra al mercado norteamericano. El momento de posicionarse es ahora, cuando la situación aún no se ha consolidado y la competencia no es todavía muy intensa.
Ahora bien, estos objetivos dependen de un proceso que parece haberse estancado. El próximo hito que debemos esperar es el Congreso del Partido Comunista de Cuba que se celebrará en abril. Ahí, esta potencial ventaja española recibirá, bien un empujón hacia su materialización, bien una nueva prórroga.
Por José María Figaredo Álvarez-Sala. Abogado y economista en González-Bueno SLP