Buenos Aires, 4 mar (EFE).- Una cámara de apelaciones argentina anuló el archivo de una querella presentada por la asociación española Dignidad y Justicia (DyJ) contra 41 personas, miembros de Batasuna o de la banda terrorista ETA, por delitos de lesa humanidad, informaron hoy a Efe fuentes oficiales argentinas.
Tras la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a la que tuvo acceso Efe, el fiscal Juan Pedro Zoni y el juez Rodolfo Canicoba, que el pasado septiembre decidieron archivar la denuncia, deberán volver a estudiarla para determinar nuevamente si se lleva adelante la investigación.
En concreto, la querella tiene por objeto promover ante los tribunales argentinos, por aplicación del principio de jurisdicción universal, la investigación y el juicio a los responsables de los asesinatos de los concejales del Partido Popular José Luis Caso y Manuel Zamarreño, asesinados en 1997 y 1998, respectivamente, en Guipúzcoa (norte de España).
Según se alega, "ambos habrían sido amenazados con el objeto de lograr su expulsión" del País Vasco "y asesinados ante su negativa", como parte de la política de persecución de ETA y en particular como consecuencia de la estrategia de "socialización del sufrimiento" implementada "a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) -ligado a ETA- aprobó en 1994 la 'Ponencia Oldartzen'".
"Todo lo cual -afirman- les otorgaría el carácter de delitos de lesa humanidad", añade la querella.
Los demandantes remarcan que la Justicia española, a pesar de admitir que los crímenes atribuibles a ETA integran la categoría de lesa humanidad, se niega a perseguir aquellos ocurridos con anterioridad a octubre de 2004, fecha de entrada en vigor de las específicas figuras de lesa humanidad incorporadas al Código Penal español.
Por ello sostienen que están dadas las condiciones para promover el enjuiciamiento en el país sudamericano de los crímenes hasta esa fecha, en ejercicio de la jurisdicción universal.
"En su momento había dictaminado en contra de la apertura de la investigación señalando que los hechos que estaban pretendiendo introducir en la Justicia argentina habían sido juzgados en la española", explicó a Efe Zoni, quien señaló que para ello se había basado en información publicada de distintos diarios de España.
En este sentido, el fiscal añadió que el tribunal de apelaciones le ha cuestionado las fuentes de la información, por lo que la cámara anuló el dictamen y la resolución del juez, que según Zoni, compartía su criterio de archivar la denuncia.
Zoni prevé ahora que un juez de primera instancia le adjudique una nueva intervención para que analice los argumentos de la cámara y determine de nuevo si hay o no elementos para iniciar una investigación.
Asimismo, el representante del Ministerio Público agregó que en esta ocasión tratará de, en vez de basar su argumentación de que esos hechos ya fueron juzgados en España en base a información periodística, tratará de obtenerla mediante exhortos a distintos tribunales españoles.
Fuentes cercanas a Canicoba, que se desempeña en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, señalaron que el magistrado cree que el único facultado para impulsar la acción penal es el fiscal, por lo que si éste no la impulsa, "por más que haya un querellante el juez no tiene otro remedio que desestimar la querella".
