Palma, 2 mar (EFE).- El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha declarado ante el tribunal que le juzga que "siempre" ha tenido la "voluntad" de reparar el daño que pudiera haber causado a la Hacienda pública, aunque ha eludido admitir expresamente que cometió delitos fiscales.
Cuando la abogada del Estado personada en la vista en nombre de la Agencia Tributaria, Dolores Ripoll, le preguntaba por los empleados en nómina de Aizoon, la empresa de Urdangarin y la infanta Cristina, el cuñado del Rey ha reconocido que había "empleados que no están correctamente asignados".
"Yo hacía lo que mis asesores me estaban recomendando y creía que estaba correctamente hecho, si esto la Agencia Tributaria o el Estado entiende que no está correctamente hecho, pues ya se discutirá aquí con otras cosas", ha declarado.
Como prueba de su buena intención, el exduque de Palma se ha referido al dinero que ha "consignado", que es parte de la fianza de 13 millones de euros origen del embargo impuesto sobre todos sus bienes por el juez de instrucción del caso, José Castro.
"Nunca he tenido ninguna duda. Y mis preguntas siempre han sido: '¿Todo esto, verdad que es correcto?' y la respuesta era: 'Es correcto'", ha manifestado Urdangarin, que ha insistido en descargar la responsabilidad en sus asesores fiscales y contables.
Ripoll le ha preguntado expresamente si admitía el fraude en sus declaraciones tributarias, a lo que el acusado ha respondido que no pero que, si se prueba lo contrario, asumiría su reparación, como hizo en la regularización fiscal que afrontó respecto al ejercicio 2009.
Al ser preguntado por la intervención en su gestión tributaria de Federico Rubio Carvajal, que realizaba las declaraciones de la renta de la Familia Real, ha dicho que supervisó las suyas desde que se casó con la infanta Cristina en 1997 hasta 2009, un argumento que su socio, Diego Torres, empleó en el juicio como garantía de legalidad.
La abogada del Estado ha puesto también el acento en la facturación que realizó Aizoon contra las empresas en las que Urdangarin realizaba labores de asesoría o participación en sus consejos de administración.
"Los desarrollé yo de manera personalísima", ha respondido a la pregunta de si esos servicios los prestó a título personal o a través de la empresa que compartía con la infanta Cristina.
Las acusaciones públicas consideran que la tributación por esos servicios mediante una empresa que abonaba el impuesto de sociedades constituye un delito contra Hacienda, puesto que debió incluir esos ingresos en su declaración del IRPF.
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