Sevilla, 9 feb (EFE).- El exconsejero andaluz Francisco Vallejo ha pedido hoy al juez que investiga la pieza de los ERE relativa al procedimiento para pagar las ayudas sociolaborales que se archive la causa que le afecta por un presunto delito de prevaricación porque se limitó a cumplir la ley de presupuestos en el pago de las ayudas.
Tras unos 45 minutos ante el juez Álvaro Martín, que hoy se estrenaba como instructor en los ERE, el exconsejero de Innovación ha dicho a los periodistas que ha pedido declarar voluntariamente para reiterar que "no tiene relación" con los ERE, como ya dijo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando estaba aforado como parlamentario andaluz.
Después de cinco años de investigaciones, ha enfatizado Vallejo, no existen indicios ni pruebas contra él, por lo que ha pedido que se separe "el grano de la paja" en este caso y se deje de someter a los que no tienen relación con él a declaraciones judiciales permanentes y a la presencia en los medios de comunicación.
"Aunque no haya pruebas de culpabilidad, podemos incluso demostrar la inocencia, que ya es difícil en este país", ha concluido Vallejo, que ha reconocido que durante sus cinco años como consejero, entre 2004 y 2009, dedicó solo diez minutos a las transferencias de financiación, el instrumento usado durante diez años para pagar las ayudas de los ERE.
El juez ha tomado hoy declaración a Vallejo, al exconsejero de Empleo Manuel Recio y al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz dentro de la pieza del caso referida al procedimiento específico creado por la Junta para pagar las ayudas de empresas en crisis, en el que hay 51 ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación.
En su declaración, Vallejo ha explicado que en el Consejo de Gobierno andaluz se les incluía un orden del día con puntos rojos y verdes, los primeros de los cuales eran de carácter político y se sometían a debate, según han informado fuentes judiciales.
Los puntos verdes se aprobaban sin debate y entre ellos ha asegurado que se incluían los relativos a los tres informes de control financiero permanente que llegaron al Consejo de Gobierno, que nunca le notificaron a él personalmente, según ha dicho.
Tras afirmar que los parlamentarios andaluces conocían el uso de las transferencias de financiación, ha explicado que hasta 2007 no tuvo conocimiento de que existía un déficit de tesorería en la agencia Idea por el uso de las transferencias.
Vallejo ha dicho ante el juez que el desfase presupuestario en IFA/Idea era algo normal y no se preocupaba de esa circunstancia "porque la agencia estaba creada para dar respuesta a situaciones de crisis", y ha asegurado que nunca leyó el convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas ni tampoco la ley de presupuestos porque tenía unos 5.000 folios.
El exconsejero no ha respondido a la pregunta de la acusación popular del PP relativa a si "no es cierto que en 2004 en la memoria de cuentas anuales ya figuraba el déficit generado en Idea de 93 millones", y ha afirmado que desconocía que la Consejería de Innovación dio ayudas de la partida 31L, conocida como fondo de reptiles.
Tras Vallejo, ha declarado como imputado el exconsejero Manuel Recio, quien dijo que en noviembre de 2010, tras conocer irregularidades en Mercasevilla, creó un equipo de funcionarios para que elaboraran una información reservada sobre si esas prácticas estaban extendidas en más lugares.
También pidió informes a la asesoría jurídica para saber si podía seguir pagando las ayudas, y le contestaron que sí lo podía hacer con las que no tenían irregularidades por un principio de seguridad jurídica.
Recio, que aún no había declarado en esta causa, ha agregado en su corta declaración que nadie le advirtió que la Junta de Andalucía no era competente para pagar las ayudas sociales, que contaban con informes favorables y sin reservas, según ha precisado.