Madrid, 26 ene (EFE).- La tercera semana del juicio por la tragedia del Madrid Arena comienza hoy con las declaraciones de los socios de Kontrol 34, la empresa contratada por el promotor Miguel Ángel Flores para encargarse de la seguridad interior del recinto, y la posible declaración del médico Simon Viñals.
Se trata de Carlos Manzanares, socio mayoritario de Kontrol 34, y de Emilio Beillard, socio minoritario de la compañía. La Fiscalía pide para cada uno de ellos tres años de prisión por cinco delitos por imprudencia grave y quince de lesiones por imprudencia grave.
En su escrito, el Ministerio Público explica que ambos estuvieron presentes en el evento desde las 22.00 horas hasta que finalizó. Y dice que los dos "omitieron, estando obligados a ello, supervisar que sus trabajadores realizaran debidamente sus deberes".
Estas son, entre otras, controlar el acceso al pabellón verificando la edad de los asistentes y la adquisición de la entrada, controlar en todo momento que no se excedía el aforo autorizado e informar a las fuerzas de seguridad de las alteraciones del orden que se produjeron en los accesos o en el interior.
Además, añade, los acusados "tampoco instruyeron ni prepararon a sus empleados para una situación de emergencia, ni les enseñaron el funcionamiento y ubicación de vías de emergencia, siendo así que ninguno de ellos llamó a los servicios de emergencia, que fueron avisados por los mismos asistentes, lo que provocó que llegarán más tarde de lo deseado".
Ambos acusados ya han anunciado que solo responderán a las preguntas de la fiscal Ana Muñoz y de sus defensas, por lo que es posible que mañana también declare el exconcejal del PP y responsable del equipo médico contratado para el evento, Simón Viñals.
El fiscal afirma que al atender a tres de las menores víctimas de los hechos ni él ni su hijo Carlos, que declara tras su padre, "fueron capaces de reconocer que", al menos dos de ellas, estaban en parada cardiorrespiratoria y "enseguida diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas".
Y subraya que los dos faltaron "a las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria que tenían la obligación de conocer".
Los dos médicos se enfrentan a una petición de dos años y medios de prisión para cada uno por la supuesta comisión de tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
