El Código Penal de 2013, la norma que permite citar al PP como investigado

Madrid, 22 ene (EFE).- El PP declarará como investigado en la causa que se sigue por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas, un hecho inédito en España, pues solo desde la reforma del Código Penal de 2013 los partidos políticos son sujetos susceptibles de responsabilidad penal.

La juez de Instrucción número 32 de Madrid ha acordado citar al PP y a su tesorera como investigados (nueva denominación de los imputados, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para el día 4 de febrero después de que la Audiencia de Madrid ordenara reabrir la causa.

Será la primera vez que un partido político acuda como entidad jurídica a un juzgado en calidad de investigado y lo hará gracias a la reforma del Código Penal impulsada por el propio PP en la última legislatura.

En la modificación anterior, del año 2010, con gobierno socialista, se introdujo la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero se añadió una excepción que afectaba expresamente a los partidos políticos y a los sindicatos, además de al Estado, las administraciones públicas territoriales o los organismos reguladores.

Dos años después, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsó una nueva reforma del Código Penal.

Durante la tramitación parlamentaria, UPyD presentó una enmienda en la que planteó retirar esa excepción en la responsabilidad penal a los partidos y sindicatos al considerar que se trataba de "un privilegio injustificado" contrario a la regeneración democrática.

El PP apoyó esa enmienda, que finalmente fue aprobada. De hecho, en el preámbulo se planteó como objetivo de la norma superar la percepción de impunidad de partidos y sindicatos que existía con la anterior regulación.

De ese modo, afecta a los partidos y sindicatos la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas en su beneficio por sus administradores o representantes legales o por personas sometidas a la autoridad de los anteriores si no ha existido un control adecuado sobre los mismos.

Una de las cuestiones que planteó la Audiencia Provincial de Madrid cuando ordenó reabrir la investigación fue la necesidad de aclarar "quién, en la organización del PP, ordenó o acordó la destrucción de los discos duros utilizados por el Sr. Bárcenas".

Este procedimiento se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien remitió las actuaciones a los juzgados de Plaza de Castilla.

La querella recayó en el juzgado 32 de Madrid, que la archivó, y luego ese archivo lo recurrió otra acusación personada, UPyD, pero ese recurso no se pudo resolver porque se perdió la causa, que tuvo que ser reconstruida con auxilio de las partes.