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Jueces y árbitros alertan de las consecuencias de anular los laudos

  • Los juristas avalan el arbitraje como un procedimiento "eficaz"
Participantes en una de las mesas del congreso. Nacho Martín

"Un cajón de sastre". Así se refirió ayer el abogado del Estado Carlos González-Bueno sobre el orden público, el motivo más invocado por los tribunales ordinarios para anular los laudos arbitrales. El letrado subrayó, además, que ante cuestiones procedimentales "es oportuno que el árbitro pueda participar en el procedimiento de anulación".

El jurista participó en Madrid en el III Congreso de Jueces y Árbitros: aliados en la resolución de disputas comerciales. Los expertos debatieron sobre las consecuencias de la anulación por parte de la jurisdicción ordinaria. El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmó la anulación de otro laudo arbitral que resolvía a favor de un banco sobre un contrato de swap.

Sin embargo, los especialistas recalcaron la importancia del arbitraje como medio de resolución de conflictos, "eficaz y de calidad", equivalente a la jurisdicción ordinaria. Además, destacan "ventajas competitivas" en la institución arbitral, como la celeridad.

José Ricardo Feris, secretario general adjunto del CCI, apuntó que los tribunales deberían ser "amigos del arbitraje", aunque reconoció que "algunos laudos también tienen que anularse". En este sentido, Pilar Perales, catedrática de la Universidad Carlos III, definió a la anulación como una "patología rara" y subrayó que el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre la responsabilidad de los árbitros y las cortes arbitrales.

Por su parte, el abogado Jesús Remón, socio de Uría Menéndez, apuntó que, para invocar el motivo de orden público, debe producirse una vulneración de Derechos fundamentales. El abogado rechazó que los árbitros puedan incurrir en responsabilidad automática, solo por el hecho de dictar su decisión. "Tienen derecho a una equivocación de buena fe", apostilló.

Francisco de Borja, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, alertó de los "problemas" que pueden causar las cláusulas de sometimiento al arbitraje. "Algunas pymes se han visto obligadas a firmar", concluyó.

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