Santo Domingo, 19 nov (EFE).- El procurador general dominicano, Francisco Domínguez Brito, consideró hoy que las últimas decisiones judiciales a favor de acusados de corrupción en el país, "obligan" a una "nueva y profunda" reforma en el sistema judicial local.
El funcionario se refirió concretamente a la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a favor del senador Félix Bautista, acusado de corrupción por el Ministerio Público cuando estaba al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) durante los Gobiernos de Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).
El pasado 21 de octubre, en una decisión dividida, dos de los cinco jueces de la citada Sala se opusieron al veredicto, el alto tribunal dictaminó que el recurso de revisión presentado por la Procuraduría en contra del legislador y otras seis personas no aportó elementos nuevos que inclinaran al tribunal a variar la decisión tomada hace varios meses por el juez Alejandro Moscoso.
En ese sentido, ratificó el fallo de "No ha lugar" en favor del grupo de acusados, bajo el argumento de que el Ministerio Público no presentó medios de prueba serios, suficientes y vinculantes para admitir la acusación presentada en su contra.
Para Domínguez Brito "esto no puede seguir así", por lo que, como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que solicitará al presidente del país, Danilo Medina, "la urgente convocatoria de este organismo, con el fin de discutir y evaluar la situación en que se encuentra el sistema de justicia" en el país.
El procurador general informó hoy de que no recurrirá la sentencia emitida a favor del legislador, debido a que, según afirmó, "la gran mayoría de esos mismos jueces del más alto tribunal ya se han pronunciado a favor de la impunidad".
"Siendo tan predecible el resultado frente a la actual Suprema Corte, entendemos que la mayor sanción moral ante la falta de responsabilidad exhibida, es, precisamente, el desconocimiento de la instancia en cuestión", agregó Domínguez Brito.
No obstante, manifestó que "de modo alguno debe interpretarse esta decisión como resignación, cansancio, ni mucho menos la intención de cesar en la postura de absoluta intolerancia frente al robo del dinero del pueblo".
"Más que eso, no recurrir es una forma de luchar y de obligarnos a una nueva ola de reformas, de revisarnos y de producir los cambios. Tenemos que revisarnos", opinó.
