La desaparición de importantes desgravaciones en 2013 -último ejercicio cerrado con cifras oficiales-, de las que se beneficiaban principalmente las grandes empresas y las multinacionales, ha supuesto un incremento en la recaudación de 3.334 millones de euros sobre lo obtenido en 2011, un 20% más, al pasar de 16.600 millones de euros a 19.900 millones recaudados.
Este aumento recaudatorio fue superior al experimentado en el mismo periodo de tiempo (2011-2013) en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que sumaron 2.629 y 148 millones, respectivamente.
Entre las medidas que impulsaron el aumento en la tributación de las sociedades destacan la limitación de la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de la participación en el capital de entidades -primero sobre la cartera variable y, después sobre la fija y los activos va- riables-, también la compensación de las rentas negativas, que hasta entonces permitían que en la más escrupulosa de las legalidades, algunas empresas multinacionales tributasen a un tipo efectivo del 0% en España.
También tuvieron su efecto las limitaciones a la deducción de gastos de representación; de la deducción en la cuota por inversiones en investigación y desarrollo (I+D); por pagos fraccionados; así como las limitaciones a la deducción por fondo de comercio e intangibles.
Crece el tipo medio efectivo
Fruto de este mismo efecto normativo es que el tipo medio efectivo de las grandes empresas se ha elevado desde el 3,8% en 2011, al 5,3 en 2012 y al 6,3 en 2013, con una previsión de incremento para 2014 del 7,4%.
Y en el terreno de las medidas inspiradas por la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios (Beps), se prohibió la deducción de los bienes y derechos híbridos -que tributan en unos países y no en otros- por los gastos que no habían tributado en otros países, así como la introducción de nuevas exigencias de transparencia para las sociedades con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros.
Las empresas multinacionales de origen español se quejan de que estos tipos no reflejan realmente todo lo que pagan en impuestos, puesto que también tributan en otros países, máxime si se comparan con los tipos medios efectivos de las pequeñas y medianas empresas, que se situaron en el 16% en los 2011 y 2012, el 15% en 2013, con una previsión media para 2014 del 13,8%.
Pagos fraccionados
Otro dato destacable sobre el incremento de la recaudación, inducido por los cambios legislativos en el Impuesto sobre Sociedades, es que los pagos fraccionados de las grandes empresas se han elevado en un 108%, al pasar de 7.600 millones de euros en el ejercicio de 2011 a 16.000 millones de euros en el de 2014.
La tendencia, sin embargo, ha sido la contraria entre las pequeñas y medianas empresas, ya que esta cifra ha pasado de 1.900 millones de euros en 2011 a 1.600 en 2014.
Las fuentes de la Agencia Tributaria consultadas han revelado que las actuaciones de control sobre grandes contribuyentes han pasado de representar menos del 15% del total de las actuaciones de control en 2007 a una horquilla de entre el 22% y 26% entre 2013 y 2014.
De hecho, más del 50% de las diez mayores sanciones tributarias interpuestas por la Delegación de Grandes Contribuyentes desde el año 1999 se pusieron en el ejercicio 2014.
Reforma fiscal
Con este teatro de operaciones a la vista, el Foro de Grandes Empresas y la Agencia Tributaria han acordado el nuevo Anexo al Código de Buenas Prácticas Tributarias, vigente desde el ejercicio 2010. También han influido en este acuerdo las medidas introducidas en la reforma fiscal, que han comenzado a regir en los ejercicio 2015 y 2016, así como las medidas derivadas de las Beps, como por ejemplo el Informe País por País, que comenzará a regir a partir de enero, o la declaración del IVA mensual, que deberá realizarse en los propios servidores de Hacienda.
Con esta medida, las 86 empresas que componen el Foro buscan un control reforzado de la Inspección, que les dé seguridad jurídica, evite la litigiosidad y les dé un beneficio reputacional y se espera que todas ellas se acojan a las exigencias del nuevo Anexo.
Se trata de una opción voluntaria en la que las empresas se comprometen a revelar a la Agencia Tributaria su presencia en paraísos fiscales; riesgos impositivos más relevantes; información sobre las ope- raciones tributarias más trascendentes, aprobadas por sus consejos de administración; la estrategia fiscal del grupo y el catálogo de operaciones que se someten al consejo de administración .
La Agencia Tributaria ha estudiado la posibilidad de desarrollar un sello de calidad, como se hace en los países anglosajones, pero aún no se ha decidido su implantación.
