Los expertos piden celeridad en la adaptación de las leyes a los cambios que el desarrollo de las nuevas tecnologías está produciendo en los distintos ámbitos económicos. Esta es la principal conclusión de la Jornada Nuevas tecnologías y la revolución jurídica, organizada por la Asociación Progreso de la Dirección (APD) y Garrigues.
"Las normas que regulen estos fenómenos no deben sobrepasarse y limitar el progreso, ni tampoco quedarse cortas y permitir la invasión de derechos", apuntó Enrique Sánchez de León, director general de la APD en la apertura del encuentro, en la que también participó Antonio Dorado, secretario general de la Administración de Justicia.
El presidente de Garrigues, Fernando Vives, aseguró, por su parte, que no comparte la afirmación de que "desgraciadamente, el Derecho va por detrás de la realidad", porque "si la ley fuera por delante, actuaría como contención. El Derecho tiene que ir muy próximo a la realidad, pero siempre por detrás".
Economía colaborativa
La falta de adecuación del marco regulatorio vigente se hace especialmente patente en el sector de la economía colaborativa. Un ámbito que, según la Comisión Europea, tendrá un volumen de negocio de 300.000 millones de euros en 2025.
Conflictos como el de Uber o el de Blablacar con el sector del transporte ponen de manifiesto las fricciones entre los nuevos operadores económicos y los tradicionales.
?El centro de gravedad empresarial del prestador del servicio a la plataforma que lo ofrece?, valoró Alfonso Lamadrid, asociado senior de Garrigues Bruselas. ?Hay que caminar hacia un modelo de regulación menos prescriptivo, más basado en los principios y con una vigilancia estricta de su cumplimiento?, concluyó.
Relaciones laborales
"El Derecho laboral está reaccionando tarde, y los jueces y la Inspección de Trabajo, aún más tarde", diagnosticó Rosa Zarza, socia de Garrigues, quien mostró su preocupación por la cantidad de ámbitos pendientes de regulación, como el control de la jornada laboral con la implantación del teletrabajo, o uso para fines laborales de los dispositivos electrónicos particulares de los trabajadores.
En este sentido, Zarza también apuntó la contradicción que, a su juicio, supone que "el 1 de enero se quiera que la Justicia funcione sin papel y, sin embargo, el Tribunal Supremo, hace unas semanas, declare nula por abusiva una cláusula que pedía al trabajador su compromiso de facilitarle a la empresa su email o número de móvil".
Durante la jornada, también se analizaron las vías para hacer efectiva la protección de la reputación online de los directivos de las empresas, tanto desde un punto de vista jurídico -haciendo especial hincapié en el derecho al olvido digital- como desde el ámbito de la comunicación, y el desarrollo y fun- cionamiento del Big Data y los Analytics, y su compatibilidad con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y la normativa para la protección de datos.