El escándalo de los acuerdos fiscales entre más de 340 multinacionales y Luxemburgo, conocido como el caso Luxleaks, puso en la diana estos arreglos secretos entre numerosos miembros de la UE y las grandes firmas. Y, sobre todo, obligó al nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a comenzar su mandato a la defensiva en el terreno fiscal.
Su nueva Comisión presentó el pasado marzo una iniciativa para obligar a compartir la información referida a estos acuerdos, haciéndolos más transparentes, y evitar así abusos fiscales. Sin embargo, el Parlamento Europeo lamentó ayer que la propuesta ha quedado desinflada tras pasar por las manos de los Estados miembros en el trámite legislativo.
"Ha sido una oportunidad perdida", lamentó el Parlamento Europeo ayer en una resolución. En un informe muy crítico con el acuerdo cerrado a principios de este mes entre los países, la Eurocámara opina que los 28 socios han aguado una propuesta que ya era de por sí ligera, y que no tiene la suficiente ambición para evitar la planificación tributaria agresiva de las grandes firmas o la guerra tributaria entre los estados miembros.
El informe del Parlamento, respaldado por la mayoría de los grupos incluso los más favorables al sector privado como el Partido Popular Europeo, no tendrá consecuencias legales.
Límite a la retroactividad
Los eurodiputados lamentan que se limite la retroactividad inicialmente planeada de 10 años a cinco. Además, el Ejecutivo comunitario no tendrá acceso a toda la información sobre estos acuerdos fiscales, ya que los Gobiernos nacionales consideran que estos dosieres son muy sensibles.
Dado el impacto en la recaudación nacional y el riesgo de competencia desleal entre los Estados, "la Comisión debe tener los poderes para acceder a la información y comprobar que está en línea con las leyes de ayuda de Estado", dijo el ponente del informe parlamentario, el conservador Markus Ferber. "¿Por qué los Estados miembros están claramente negando a la Comisión el acceso a esta información? ¿Qué están intentando ocultar?", se preguntó el eurodiputado alemán.
La protesta del Parlamento llega una semana después de que el Ejecutivo comunitario lanzara sus primeros golpes contra estos acuerdos fiscales. Bruselas obligó a terminar con el acuerdo entre Starbucks y Holanda, y Luxemburgo y Fiat. Además, la primera tendrá que devolver 30 millones de euros en impuestos y la segunda, 20 millones de euros. Estos casos son, para los eurodiputados, un claro argumento de la necesidad de un "procedimiento sistemático y obligatorio para toda la UE" para compartir estos acuerdos.
En concreto, los eurodiputados quieren que el intercambio automático de información afecte a todos los acuerdos fiscales, y no sólo a los transfronterizos como decidieron los Estados miembros. La Eurocámara también lamenta que las nuevas normas se apliquen solo a partir del 31 de diciembre de 2016, y solo en algunas excepciones con los acuerdos alcanzados durante los pasados cinco años. Más preocupante es para el Parlamento que la Comisión no pueda hacer nada con la información recabada, que además será limitada.
El voto de la Eurocámara llegó horas después de que concluyera el trabajo de su comité especial sobre asuntos fiscales, creado hace algo más de medio año, para investigar las prácticas fiscales abusivas por parte de las grandes firmas europeas. Como parte de las recomendaciones del comité, los europarlamentarios reclaman una base imponible común consolidada para el impuesto de sociedades, un dosier que la Comisión pretende relanzar el próximo año tras un lustro cogiendo polvo en la mesa de los países. Además, piden más protección para las personas que filtren información sobre abuso fiscal.
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