Transparencia Internacional denuncia que la regulación en los países de la Unión Europea en materia de lobby es "una necesidad", ya que el marco regulatorio resulta, a su juicio, insuficiente. "Las prácticas de lobby injustas y opacas constituyen uno de los riesgos principales de corrupción a los que se enfrenta Europa", señala la organización, que aboga por abordar esta materia .
Son las conclusiones del informe elaborado por la delegación europea de Transparencia Internacional. El documento, que analiza la legislación de 19 países europeos y las instituciones comunitarias, destaca que el registro de lobistas "es una medida insuficiente para su regulación integral".
Aquí, las diferentes propuestas y resoluciones en el Congreso de los Diputados han finalizado con la creación de este registro. La organización califica a España como el tercer peor país a la hora de legislar sobre la materia.
"La transparencia, la integridad y la igualdad de acceso son los tres factores clave para abordar la regulación del lobby", subraya el informe. Según sus datos, seis de cada diez ciudadanos europeos consideran que su Gobierno está gravemente influenciado por ciertos intereses particulares, o que éstos se han apropiado completamente del gobierno. "El sesgo perjudica la reputación y la confianza ciudadana hacia las instituciones y erosiona la democracia", indica Transparencia Internacional.
Para evitar la mala percepción de los ciudadanos, el documento insta a los Estados a legislar esta práctica. La normativa sobre lobistas "debe aclarar quién influye, cuándo influye, cómo influye, si el lobby es profesional y ético", indica.
Por otra parte, el Organismo ha publicado el informe sobre las medidas anticorrupción elaboradas durante la presidencia europea de Letonia. La organización critica "la incapacidad del Consejo Europeo para resolver un desacuerdo existente con la Comisión Europea y el Parlamento en torno a la Directiva relativa a la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión mediante el Derecho penal, la Directiva PIF.
Además, el documento destaca que la futura Fiscalía europea se encargará de delitos definidos por la Directiva, que pretende armonizar las divergentes definiciones legales de los delitos contra el presupuesto de la Unión Europea a través de los Estados miembros y las sanciones por esos delitos. Sin embargo, critica que el Consejo siga sin adoptar un acuerdo "fundamental" con el Parlamento sobre la inclusión, en esta normativa, del fraude relacionado con el IVA.
El dcitado ocumento reconoce que la presidencia letona logró "un progreso sustancial" en el texto del Reglamento relativo a la creación de la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), al brindar un amplio apoyo a los primeros 16 artículos que incluyen disposiciones relativas a las normas y el funcionamiento de la Oficina.
"Casi la mitad de los casos de la UE que son investigados por fraude y la corrupción no ver el interior de una sala de audiencias", apostilla Carl Dolan, director de la Oficina europea de Transparencia Internacional. "La necesidad de una fiscalía europea totalmente independiente es absolutamente clara", concluye.