Barcelona, 7 oct (EFE).- Una juez de Barcelona ha acordado no admitir a trámite la querella que una quincena de entidades y sindicatos presentó contra los autores de "twits" que equiparaban el independentismo con el nazismo, al entender que esos comentarios no suponen una incitación directa a la violencia.
En su auto, que las entidades ya han recurrido, la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona admite que los comentarios recogidos en la querella "llegan a realizar comparaciones ciertamente desafortunadas con las personas que pretenden la independencia de Cataluña".
No obstante, la juez considera que de la lectura de esos mensajes no se aprecia "ninguna forma de incitación a realizar actos violentos", sino que lo que se expone es "una opinión en relación a la conducta que en el ámbito político llevan a cabo quienes preconizan la independencia de Cataluña".
La magistrada razona en su auto que el antiguo Código Penal, que era el vigente cuando se publicaron los "twits" objeto de querella, castigaba la negación o justificación del genocidio, lo que en su opinión no se desprende de los textos aportados.
El auto reconoce que los comentarios "banalizan las actuaciones nefastas llevadas a cabo por el régimen nacionalsocialista", pero la juez precisa que esa trivialización no estaba castigada en el antiguo código penal, sin que se pueda aplicar el nuevo por no estar vigente cuando ocurrieron los hechos.
La querella se dirigía contra los responsables de cuatro perfiles de "twitter" que repetidamente han publicado mensajes ofensivos con los catalanes y equiparado el independentismo con el nazismo.
Las entidades y sindicatos que la impulsaron optaron por presentar una querella ante el juzgado, después de que la Fiscalía de Barcelona archivara la denuncia por incitación al odio que inicialmente le presentaron, precedente que la magistrada recuerda también en su auto.
Entre los firmantes de la querella figura la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión de la Dignidad, SOS Racismo, los sindicatos UGT y CCOO, Acció Cultural del País Valencià, la Plataforma per la Llengua y la Plataforma por el Derecho a Decidir.